Al menos 108 civiles murieron desde principios de enero en ataques aéreos que habrían sido perpetrados por la fuerza aérea etíope en la región de Tigré, informó hoy la ONU, que se refirió a posibles crímenes de guerra.

«Estamos alarmados por las múltiples informaciones profundamente perturbadoras que continuamos recibiendo en lo concerniente las víctimas civiles y la destrucción de bienes civiles como resultado de ataques aéreos en la región de Tigré, en Etiopía», declaró una vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell.

«Al menos 108 civiles murieron y 75 resultaron heridos desde el comienzo del año, por ataques aéreos que habrían llevado a cabo las fuerzas aéreas etíopes» en esta región, indicó la vocera en una conferencia de prensa habitual de las agencias de la ONU.

Hasta el momento, el ataque más mortífero golpeó el campamento de desplazados de la ciudad de Dedebit, el 7 de enero, dejando decenas de muertos y heridos.

«Hemos establecido desde entonces que tres de las personas gravemente heridas murieron en el hospital (…), lo que eleva el saldo de ese único ataque a al menos 59 muertos», señaló Throssell.

Tigré es escenario desde hace 14 meses de un conflicto armado entre el Gobierno federal y exautoridades locales del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), partido que gobernó de facto Etiopía durante 30 años hasta la llegada al poder del actual presidente Abiy Ahmed, en 2018.

Premio Nóbel de la paz al año siguiente de haber asumido como jefe de Estado, Abiy envió al Ejército federal en noviembre de 2020 a Tigré para destituir al Gobierno regional que cuestionaba su autoridad desde hacía varios meses y al que acusaba de haber atacado bases militares.

«Las partes en conflicto deben (…) suspender todo ataque si parece que el blanco no es un objetivo militar o si el ataque es desproporcionado. El irrespeto de los principios de distinción y proporcionalidad puede constituir un crimen de guerra», advirtió Throssell, citada por la agencia de noticias AFP.

Tigré está sometido a un «bloqueo de facto» de la ayuda humanitaria, según la ONU.