La asamblea de la OEA votó a favor de la sugerencia del representante Juan Guaidó, autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, poniendo en concideración la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En la asamblea de la OEA, 12 países de sus 19 integrantes votaron a favor para la aplicación de la iniciativa contra Venezuela, aludiendo que representa «una amenaza a la seguridad de la región» tras acusaciones de Colombia del resguardo de grupos armados en el territorio, una acusación que Venezuela rechaza al señalar la falta de pruebas y afirma que se trata de una excusa para una intervención militar. Los cancilleres que votaron afirmativamente estuvieron de acuerdo en realizar una convocatoria que se realizará a finales de este mes, al margen de la Asamblea Asamblea General de la ONU en Nueva York, que inaugurará el 74° período de sesiones el próximo 17 de septiembre.

“Se reconoce con esta decisión el hecho de que la profundidad de la crisis venezolana obliga a apelar a todos los mecanismos”, afirmó el jefe de gabinete de Luis Almagro, secretario general de la OEA, defensor desde el año pasado de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
México, uno de los países que se opuso, publicó un comunicado donde afirmó que “rechaza categóricamente la invocación del TIAR para intervenir en los asuntos internos de los Estados por considerar inaceptable utilizar un mecanismo que contempla el uso de la fuerza militar”. También señaló que con este paso “nos acercamos peligrosamente a un punto sin retorno”.

La sesión asamblearia de la Organización de los Estados Americanos donde se votó afirmativamente esta medida fue encabezada principalmente por los representantes de Colombia y Estados Unidos.

Las políticas exteriores en lo que refiere a la situación de Venezuela han sufrido un antes y un después, luego de que trascendiera la destitución de John Bolton como secretario de Seguridad de la potencia norteamericana. Su salida se dio en un marco de desacuerdos con Donald Trump sobre varios conflictos, como Corea del Norte, Irán, Afganistán, y en particular Venezuela, donde el presidente afirmó que Bolton se había “pasado de la raya”; a la vez de un escenario donde Nicolás Maduro afirmó que desde el gobierno de Iván Duque se busca activar “un falso positivo para crear un conflicto armado” entre ambos países. Bolton, y así como lo expresó en diferentes conflictos geopolíticos abiertos, se mostró favorable a una salida por la fuerza en el caso Venezuela, y se encargó de atacar públicamente los diálogos en Barbados mediados por Noruega.

En este sentido, la política contra Venezuela seguirá a cargo hombres como Elliot Abrams, Mike Pompeo, junto con el nuevo asesor de seguridad, por el momento interino, Charles Kupperman, asesor del expresidente Ronald Regan entre 1981 y 1989 y segundo al mando dentro de la gestión de Bolton.

¿Qué es el TIAR?

El mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un acuerdo firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947, para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). De acuerdo a este convenio, en caso de un ataque a un país, el resto de los integrantes se compromete a unirse en la defensa de estado atacado. Debido a que en el caso particular de Venezuela no hay un ataque en sí, los cancilleres argumentaron que «la crisis en Venezuela tiene un efecto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad» de la región.

Los cancilleres favorables de la activación citaron al artículo 6, donde se brindan las otras opciones de activación si no hay un ataque: «Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o, en todo caso, las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente».

Ante las dificultades para encuadrar la situación venezolana en alguno de estos supuestos, desde el gobierno colombiano se propuso considerar la aplicación del TIAR, con fundamento en el supuesto apoyo del gobierno venezolano a grupos «narcoterroristas». El gobierno de Iván Duque, acusa a Nicolás Maduro de apoyar y proteger a guerrilleros colombianos, a los que señala como vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles serían las posibles medidas?

De acuerdo a lo que los propios cancilleres explicaron, a el TIAR permite medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, hasta otras más duras como la suspensión de las comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas, e incluso contiene la opción de acciones coercitivas de carácter militar.

Las opciones sobre la mesa son varias y si bien las medidas pueden ser sanciones económicas o incluso intervenciones militares, algunos de los países favorables a la convocatoria ya advirtieron que no estarán a favor de realizar acciones bélicas.

¿Por qué la aplicación del TIAR sería ilegal en Venezuela?

El pasado 23 de julio, la Asamblea Nacional (AN),  presidida por Guaidó, aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR.

No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta y la carencia de efectos jurídicos del acuerdo de la AN, por ser un órgano en desacato. En un comunicado oficial, reiteró que la supuesta aprobación del mecanismo es un asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del Estado venezolano por parte del Parlamento legislativo.

La aprobación de volver al TIAR tiene un primer inconveniente: La AN y sus actos carecen de validez porque que se encuentra en desacato desde 2016. En otro contexto, si las decisiones del Parlamento legislativo tuvieran legalidad tendría que remitir la propuesta al presidente Nicolás Maduro para que este dé su aprobación y posterior publicación en Gaceta Oficial.

El artículo 236 de la Constitución de Venezuela, en su cardinal 4, establece que son atribuciones y obligaciones del presidente «dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenidos o acuerdos internacionales». Además, otra razón que aplica para que el país suramericano no vuelva al TIAR es que este acuerdo fue firmado entre los países miembros de la OEA, de la cual Venezuela formalizó su salida el pasado 27 de abril de 2019.