La Justicia suspendió hoy de forma cautelar la apertura de nuevas «embajadas» del gobierno catalán en Argentina, México y Túnez, después de que el gobierno español argumentó que su finalidad era promover las tesis independentistas en el extranjero.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que admitió a trámite un recurso presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español contra un decreto aprobado en junio por el gobierno del secesionista Quim Torra, por medio del cual se crearon tres nuevas delegaciones catalanas en el exterior.

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Concretamente afecta las representaciones en Argentina, México y Túnez, para las que el gobierno catalán ya había designado delegados.

En el caso de Buenos Aires, el elegido era David Poudevida, presidente de un foro de empresarios independentistas, cuya misión tenía un rol estratégico en toda Sudamérica.

Ex director de comunicación de la cadena de supermercados del Grupo Bonpreu y de AEG Hausgeräte Germany, Poudevida tiene un perfil empresarial y estuvo implicado en los últimos años en diferentes iniciativas para «explicar el país en el ámbito internacional», dice sobre su perfil el Departamento de Acción Exterior del gobierno catalán.

Hace algunos años, el gobierno catalán tenía delegación en la capital argentina pero se cerró por una «reestructuración», dijeron a Télam fuentes del Departamento de Exteriores.

De acuerdo con la resolución judicial, la puesta en marcha de las nuevas delegaciones del gobierno catalán puede «provocar interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones».

Los jueces del TSJC creen que las representaciones catalanas no solo son «nocivas» para los intereses del Estado español, sino que tienen «un papel definido dentro del plan secesionista».

Ante la decisión, el Jefe de la diplomacia catalana, Alfred Bosch, afirmó que se estaba produciendo «el peor ataque contra el autogobierno desde la aplicación del artículo 155», en referencia al enunciado de la Constitución española que permitió la intervención de la región hace dos años para destituir al gobierno catalán y abortar la secesión.

«Se están prejuzgando intenciones, nos defenderemos», añadió Bosch en Twitter.

El «Estatut» de Cataluña -la ley de autogobierno regional- permite al Ejecutivo catalán desarrollar una «acción exterior», en ámbitos en los que tiene competencia.

Sin embargo, el gobierno secesionista convirtió estas oficinas en «embajadas» con la misión de promover la causa independentista.

No obstante, Bosch destacó hoy el perfil más comercial de las delegaciones insistiendo en la necesidad de «internacionalizar» Cataluña en un mundo global.

Tras la intervención regional hace dos años a raíz de la declaración fallida de independencia de Cataluña, en octubre de 2017, se cerraron todas las delegaciones.

El presidente Quim Torra prometió reabrirlas y logró sumar tres nuevas, con el total de «embajadas» catalanes se elevaba a 15, con cobertura en los tres continentes.