La Justicia rusa ordenó este lunes la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas con el opositor detenido Alexey Navalny, que podrían ser declaradas «extremistas» y prohibidas de manera definitiva.
La decisión se dio a conocer luego de que Navalny, de 44 años y enemigo jurado del Kremlin, puso fin el viernes a una huelga de hambre que comenzó el 31 de marzo en la colonia penitenciara de Pokrov, 180 kilómetros al este de Moscú donde se encuentra detenido, a raíz del agravamiento de su estado de salud.
Esta medida judicial está vinculada a un proceso por «extremismo» contra las organizaciones del opositor, cuya primera audiencia preliminar tuvo lugar este lunes a puertas cerradas.
La próxima audiencia está prevista el jueves, dijo el tribunal, informó la agencia de noticias AFP.
«Las actividades de las oficinas de Navalny y del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) fueron suspendidas de inmediato», escribió en Twitter Ivan Jdanov, director de FBK.
Jdanov acompañó su tuit de fotografías de esta decisión adoptada a la espera de un juicio que podría prohibir de manera definitiva las actividades del grupo.
La fiscalía rusa pidió a mediados de abril calificar de «extremistas» las organizaciones vinculadas con Navalny, lo que llevaría a su prohibición en Rusia y significaría duras penas de prisión para los colaboradores y seguidores del opositor.
La fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar «crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica» en Rusia, «encubriéndose en eslóganes liberales».
«Los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para cambiar los fundamentos del orden constitucional», estimó la fiscalía el 16 de abril.
El término «extremismo» tiene una definición muy amplia en la ley rusa, lo que permite a las autoridades luchar contra organizaciones de oposición, grupos racistas o extremistas, así como contra movimientos religiosos como los Testigos de Jehová.
A principios de abril, un tribunal ruso condenó a dos años de prisión efectiva a un colaborador de Navalny que trabajaba para el FBK, Pavel Zelenski, por la publicación de dos tuits en los que criticaba con violencia a las autoridades y que fueron juzgados como «extremistas».
La oposición denunció una persecución judicial destinada a hacerla callar.
Desde principios de marzo, Navalny cumple una condena de dos años y medio por violar la libertad condicional impuesta en su contra a cambio de la suspensión de una condena a cuatro años de cárcel por cometer fraude en 2014.
El opositor fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde permaneció cinco meses para recuperarse de un envenenamiento que atribuye al Kremlin y que éste negó desde un principio.
El opositor cayó en coma súbitamente en agosto pasado en Siberia y fue trasladado a Alemania para ser hospitalizado.
Varios laboratorios europeos estimaron que había sido envenenado con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado en la era soviética con fines militares.
La Justicia rusa confirmó a mediados de febrero el veredicto contra Navalny, una sentencia que varios países y ONGs consideran como político y aumentó las tensiones con Rusia.
Tras el supuesto envenenamiento, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá adoptaron sanciones contra altos responsables rusos.
