La Justicia española pidió hoy oficialmente acceso al arsenal entregado por ETA el sábado pasado a las autoridades judiciales francesas, en un acto que escenificó el desarme de la organización separatista cinco años y medio después de haber declarado el cese de su violencia.
Con esa información judicial, España podría esclarecer delitos pendientes y medir el alcance del desarme, a pesar de que el gobierno español de Mariano Rajoy reiteró que «no habrá impunidad ni concesiones con los rescoldos de una ETA derrotada», según declaró el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Por medio de una comisión rogatoria internacional, el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco solicitó a Francia que agentes de la Guardia Civil española puedan examinar las armas y explosivos hallados en los ocho «zulos» (escondites subterráneos) identificados por ETA en su histórico proceso de desarme.
La intención del magistrado es que los agentes españoles realicen informes policiales balístico, de explosivos, tomar huellas y realizar exámenes de ADN, con el objetivo de aportar pruebas para esclarecer los más de 200 atentados cometidos en España que aún no fueron resueltos y los que fueron reabiertos.
En los arsenales de ETA había 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, así como municiones y detonadores, según los datos provisionales aportados por el grupo de «mediadores» autodenominados «Artesanos de la paz», que facilitó la localización del armamento.
El trámite judicial se lleva a cabo a pedido de la Fiscalía apoyándose en los acuerdos de cooperación y asistencia jurídica entre miembros de la Unión Europea (UE).
El Ministerio Público, no obstante, no aprecia delito alguno en el acto de entrega de las armas, según fuentes judiciales citadas por la prensa española.
El mismo sábado, las autoridades judiciales francesas tomaron declaración en calidad de testigo a la persona que entregó la lista con la localización de los zulos, Jean Noël Etcheverry.
Se había informado que también habían requerido la comparecencia de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), quienes intermediaron entre los mediadores y las autoridades francesas, pero finalmente no tuvieron que declarar.
De acuerdo con el diario El Correo vasco y El Mundo, ETA no entregó la mitad de las pistolas que robó en 2006 en la localidad francesa de Vauvert, y tampoco habría facilitado material que pudiera vincular a sus miembros con los crímenes irresueltos entre las 850 víctimas que se cobraron en cuatro décadas de lucha armada por la creación de un Estado independiente de España y Francia.
Precisamente, la Justicia española pretende determinar el alcance del desarme de ETA en virtud de si la organización entregó esas armas robadas así como la que utilizó en el último de sus asesinatos, el del brigadier francés Jean Serge Nerin, quien murió el 16 de marzo de 2010 tras el robo a mano armada de una concesionaria de autos en el norte de París por parte de un comando etarra.
«Este no ha sido un acto voluntario de la banda, ha sido un acto de urgencia ante el riesgo evidente de que su arsenal fuera intervenido por las fuerzas de seguridad», sostuvo hoy el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, durante una visita a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil española.
El ministro subrayó, asimismo, que la verificación del desarme de ETA sólo la pueden hacer los agentes españoles, quienes mientras la organización «no se disuelva y pida perdón a las víctimas», seguirán trabajando para que «desaparezca» de la vida de los españoles.
Ni el gobierno francés ni el gobierno español participaron del proceso de desarme de ETA de forma directa. No obstante, Francia calificó la entrega de armas de «un gran paso», mientras España consideró que se trataba de un mero «acto de propaganda» de la organización separatista.
A pesar de ello, el Ejecutivo regional del norteño País Vasco, que intercedió para que la entrega no se viera frustrada, sostuvo hoy que el gobierno de Mariano Rajoy «pudo haber puesto obstáculos y no lo hizo».
El vocero del gobierno vasco, Josu Erkoreka, señaló en declaraciones a la radio Cadena Ser que la actitud del Ejecutivo español fue «positiva» en ese sentido. «Hizo lo que podía», indicó.
«ETA está abocada a disolverse, no tiene sentido que continúe viva ni como organización civil. Su disolución sería lo mejor para que pudiera impulsarse otra política penitenciaria», añadió Erkoreka, en referencia al histórico reclamo por parte de la izquierda independentista vasca de que los presos etarras dispersados en cárceles de España y Francia, regresen a la norteña región.
