La junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero advirtió hoy a los manifestantes que quienes se sumen a la ola de protestas en reclamo del regreso de un Gobierno civil se arriesgan a morir, pero cientos de miles de personas volvieron a salir a protestar de todas maneras y se sumaron a huelga que paralizó en parte el país del Sudeste Asiático.

«Los manifestantes están incitando a la gente, sobre todo a los adolescentes y jóvenes exaltados a lanzarse sobre la vía de la confrontación en la que morirán», advirtió un comunicado leído en la cadena de televisión pública MRTV, con subtítulos en inglés.

Sin embargo, como ocurre hace semanas, las advertencias de las autoridades no lograron disuadir a miles de personas de volver a las calles para exigir la vuelta de la democracia y denunciar el golpe.

Hoy, cientos de miles de manifestantes volvieron a salir a las calles en una de las marchas más grandes contra el golpe militar, en contundente desafío a la amenaza militar de no arriesgar sus vidas.

Muchos servicios están paralizados por la anunciada huelga general, que se enmarca en la progresiva campaña de desobediencia civil que lleva más de dos semanas.

Una gran multitud marchó por las calles de Yangón -corazón económico del país- cerca de la pagoda Sule, mientras que en la capital, Naypyidaw, una protesta fue reprimida y dispersada con cañones hidrantes montados en vehículos blindados.

Tres semanas después del golpe del 1 de febrero, la movilización prodemocracia se mantiene viva, con protestas diarias y una campaña de desobediencia civil que perturba el funcionamiento del Estado y la economía.

Los últimos días ya habían estado marcados por la muerte de dos manifestantes -uno de ellos, un menor- el fin de semana y el deceso, el viernes, de una joven que había sido herida de bala en una marcha días atrás.

Por eso, la preocupación a nivel internacional sigue en aumento y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la «fuerza bruta» empleada por los militares, en tanto la Unión Europea (UE) anunció que estaba dispuesta a imponer sanciones contra la junta, reseñaron las agencias de noticias ANSA y Europa Press.

«La UE está dispuesta a adoptar medidas restrictivas dirigidas a los directamente responsables del golpe militar y sus intereses económicos», subrayaron los cancilleres de los Veintisiete países que componen la UE en una declaración conjunta.

El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, advirtió a la junta en un mensaje en Twitter que «a diferencia de 1988, la actuación de las fuerzas de seguridad está grabada y tendrán que rendir cuentas».

Lo cierto es que el mundo sigue de cerca lo que sucede en el país tras el golpe.

Los habitantes de Yangón se despertaron hoy con un imponente refuerzo de las fuerzas de seguridad, que desplegaron multitud de camiones de la policía y el ejército en las calles, mientras varias calles fueron acordonadas.

Los mercados y comercios permanecieron cerrados en solidaridad con el movimiento prodemocracia y en reclamo de que la máxima líder del Gobierno derrocado, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, sea liberada.