La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil informó que pidió condenas para 40 acusados de participar en los actos golpistas del 8 de enero, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron tomar las sedes de los tres poderes en Brasilia.
«En las alegaciones finales presentadas este lunes, la Fiscalía reiteró el contenido de las denuncias y requirió la condena de 40 personas acusadas de participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero en Brasilia», reportó la PGR en un comunicado.
De acuerdo con el documento final de alegatos enviado al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), el fiscal adjunto Carlos Santos sostiene que el grupo que invadió la sede de esa máxima instancia judicial, el Congreso y el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, debe ser condenado.
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Los cargos que se les imputan son asociación delictiva armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daños a los bienes de la Unión. La suma de los cargos podría llegar a 30 años de prisión, según la agencia estatal de noticias Brasil. La fiscalía alega que los hechos tuvieron articulación previa, mediante el envío de mensajes de emplazamiento a través de las redes sociales. Para Santos, «la condena a ser aplicada a los acusados debe ser ejemplar por tratarse de delitos graves practicados en un contexto multitudinario que buscaban implantar un régimen autoritario en lugar de un Gobierno legítimamente elegido», según la agencia Sputnik.
Además, de acuerdo con la PGR, se constató que entre los manifestantes había personas habilitadas para portar armas, ya que están inscriptas en el registro de Coleccionista, Tirador Deportivo y Cazador.
Algunos seguidores de Bolsonaro, en línea con su política de armas, reivindicaron esa tenencia y suelen identificarse por la sigla del registro en portugués, CACs.
La fiscalía también estimó que la indemnización por daños causados por depredación en la sede de los Tres Poderes es de 25 millones de reales (más de cinco millones de dólares). El STF planea juzgar en septiembre las primeras acciones penales de los acusados por los hechos del 8 de enero.
Desde el inicio de las investigaciones, 1.290 investigados se convirtieron en imputados en el STF. Las pruebas reunidas en ocho meses de investigación incluyen fotos, videos, informes de inteligencia y declaraciones de testigos y de los propios implicados.
Los seguidores del exmandatario invadieron de forma violenta la sede de los tres poderes en enero, luego de acampar desde octubre en distintos puntos del país, como signo de protesta contra el resultado de las elecciones en las que Luiz Inácio Lula da Silva fue electo por tercera vez.
Bolsonaro fue condenado a fines de junio a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030, cuando tendrá 75 años, por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral.
La sentencia a Bolsonaro se basó en sus exposiciones durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros, pero el exmandatario repitió la misma narrativa durante la campaña e incluso se negó a reconocer los resultados y pasar el mando a su sucesor el 1 de enero.
