El Parlamento Europeo (PE) suspendió hoy la inmunidad parlamentaria del eurodiputado y expresidente catalán Carles Puigdemont y dos de sus colaboradores, lo que podría allanar el camino a su extradición a España y relanzar las tensiones separatistas.
La decisión del órgano legislativo de la Unión Europea (UE) fue recibida por el Gobierno español como una victoria del Estado de derecho ante quienes buscan independizar de España a la rica región nororiental fronteriza con Francia.
Se espera que el pronunciamiento del PE prolongue, quizás meses o años más, una saga que comenzó a fines de 2017 en torno a la suerte de estos tres dirigentes separatistas catalanes, ya que antes de una extradición quedan muchas instancias de apelación.
La inmunidad de Puigdemont fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra, y por 404 votos contra 247 la de Toni Comín y Clara Ponsatí, exministros de Salud y Educación, respectivamente, del Gobierno catalán de Puigdemont.
«Es un día triste para el Parlamento Europeo», dijo elexpresidente catalán, de 58 años, en conferencia de prensa en Bruselas, sede de las instituciones de la UE.
«Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea», prosiguió.
«Es un caso claro de persecución política», agregó.
Puigdemont y varios colegas separatistas huyeron a Bélgica en octubre de 2017 por temor a ser arrestados tras haber organizado un referéndum independentista celebrado en Cataluña pese a que la Justicia y el Gobierno españoles habían declarado ilegal.
Comín permaneció en Bélgica con Puigdemont, pero Ponsatí viajó a Escocia.
En 2019, Puigdemont, Comín y Ponsatí obtuvieron bancas en el PE en las elecciones europeas de ese año, y desde entonces gozaban de inmunidad parlamentaria.
La decisión del PE de hoy no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes, que podrán seguir desempeñando su función como eurodiputados.
Pero el levantamiento de su inmunidad era condición para que la justicia de Bélgica y Escocia puedan analizar pedidos presentados por el Tribunal Supremo español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.
En Madrid, la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, dijo que la decisión del PE mostraba que Puigdemont y sus dos exministros no pueden ocultarse tras sus bancas para evitar comparecer ante la Justicia española.
El voto del Parlamento Europeo señala que «los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa», dijo la ministra, citada por la agencia de noticias Europa Press.
Dolors Montserrat, eurodiputada del derechista Partido Popular (PP) español, dijo al canal estatal TVE que con la decisión del PE «gana España, gana Europa, gana la democracia».
«Puigdemont no es un perseguido político, es un fugado», agregó.
Los tres eurodiputados ya adelantaron que elevarán el caso a la máxima instancia legal del bloque, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La Justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí de sedición.
La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.
Los tres mayores bloques políticos del Parlamento Europeo -el Grupo del Partido Popular, los Socialistas y Demócratas, y los liberales de Renovar Europa- habían adelantado que votarían a favor de levantar la inmunidad.
Las tres bancadas representan 417 sobre un total de 705.
Por su parte, la legisladora nacionalista flamenca Assita Kanko señaló en Twitter que el voto era «indignante».
«No participo de esa persecución política», añadió.
Aamer Anwar, abogado de Ponsatí en Escocia, denunció en Twitter el «voto vergonzoso» del Parlamento, y agregó que «la batalla continúa».
El trámite judicial, sin embargo, no será sencillo.
En enero, la justicia belga ya rechazó un pedido español de extradición de otro consejero catalán, Lluís Puig, quien fue consejero de Cultura y reside actualmente en Bélgica, argumentando el «riesgo de violación de sus derechos fundamentales» y cuestionó así la competencia del Tribunal Supremo español en este caso.
