Menos de un mes después de que la Asamblea General de la ONU rechazara de forma abrumadora y por vigésima novena vez el embargo estadounidense a Cuba, varias manifestaciones opositoras, las más grandes en décadas, centraron la agenda mediática de la región en la situación política y social de la isla y desnudaron las diferentes posturas de los Gobiernos latinoamericanos y sus fuerzas políticas.

El 23 de junio, la resolución de rechazo sumó 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

En América latina, los votos de Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez – la primera fue en 2019- la posición unánime de apoyo a Cuba de los países latinoamericanos.

Y esta división se amplió aún más cuando las marchas iniciadas el domingo con un amplio arco de reclamos -la precaria situación económica, la atención médica ante la pandemia y por más libertades políticas- se metieron de lleno en las agendas políticas de los países de la región.

En Brasil, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro enarboló de inmediato la bandera anticubana para hacer campaña a favor de su reelección y declaró su apoyo a las manifestaciones, además de desafiar a su posible contrincante, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva a que exprese su postura el respecto.

Lula, que duplica en intención de voto a Bolsonaro en las elecciones previstas para 2022, recogió el guante y abordó el tema, pero se centró en pedir el fin del embargo y desdramatizar las protestas, tras recordar que en Cuba la gente se manifiesta «pero nadie vio a ningún soldado cubano con la rodilla sobre el cuello de un negro, matándolo», en una clara referencia a George Floyd, el estadounidense negro asesinado en un caso de violencia policial el año pasado.

Desde la Cancillería colombiana, en tanto, el Gobierno exhortó «a todos los actores a mantener una actitud pacífica y a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresión del pueblo».

Esas declaraciones fueron duramente criticadas por uno de los principales opositores al Gobierno del presidente, Iván Duque, el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien calificó como una «hipocresía» que éstas se enuncien apenas meses después de que «190 jóvenes fueron asesinados y mutilados por el Gobierno», precisamente por salir a las calles a protestar.

Una situación análoga se vivió en Chile, en medio de una caliente campaña de primarias presidenciales, en la que el Gobierno de Sebastián Piñera condenó la represión en Cuba y señaló que «no hay justificación para impulsar medidas que intenten acallar a los ciudadanos».

Desde la oposición y redes sociales le recordaron la feroz represión contra los manifestantes del estallido social de 2019, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las centenares de lesiones oculares producto de la violencia policial.

La situación cubana incluso acaparó la atención en los debates televisivos, de cara a los comicios que mañana decidirán los candidatos chilenos a las presidenciales de noviembre, y llegó a resquebrajar una frágil unidad en la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, luego que sus exponentes, el comunista Daniel Jadue y el frenteamplista Gabriel Boric evidenciaran fuertes diferencias al respecto.

Estas diferencias fueron utilizadas por la coalición oficialista «Chile Vamos», que en redes y medios sacó también provecho de la fuerte atmósfera anticomunista de la clase media para llevar agua a su molino.

En línea similar, el Gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou manifestó su preocupación por «la falta de garantías para el ejercicio del derecho de libre expresión y de protesta pacífica» en Cuba, mientras diputados del Frente Amplio, la principal fuerza opositora, denunciaron una doble vara y escaso interés «para condenar la práctica de asedio permanente que ha sufrido la revolución cubana».

«Una revolución pobre, sí. Pero solidaria», aseveró el senador frenteamplista, Óscar Andrade.

En el arco progresista de la región, Argentina y México asumieron una posición casi coordinada, como hace un mes en relación a Nicaragua, por el arresto de figuras políticas opositoras.

El presidente argentino, Alberto Fernández, sostuvo que si bien «no conoce exactamente la dimensión» de las protestas que se dan en la isla, resulta necesario «terminar con los bloqueos» económicos que en la región están «haciendo daño», tanto a ese país como a Venezuela.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su parte, dijo que el bloqueo estadounidense «se debería suspender (..) como lo está solicitando la mayoría de los países del mundo» y aseguró que su Gobierno podría «ayudar con medicamentos, con vacunas y con lo que se requiera».

Otro país en donde resonó con fuerza el debate fue en Perú.

Mientras se vive una excepcional situación institucional y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede aún declarar un ganador del balotaje celebrado el 6 de junio, el arco político mostró una profunda grieta en relación a la situación cubana.

La candidata conservadora Keiko Fujimori expresó en Twitter su solidaridad con el pueblo de Cuba que «vive más de 60 años bajo el yugo del comunismo» y reivindicó el derecho de la población de salir «a la calle», mientras el virtual presidente electo, el docente y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, legitimó el derecho de los cubanos a manifestarse, pero subrayó que las protestas se producen por el bloqueo económico impuesto por Washington, que tachó de «antihumano e inmoral».