El compromiso político y un extenso trabajo en el terreno, hicieron que Kenia destaque en la lucha contra la erradicación de la mutilación genital femenina (MGF), una práctica a la que son sometidas más de 200 millones de niñas y mujeres en unos 30 países de Asia y África, y otras regiones del mundo.
Dentro de este grupo, con el 21% de su población femenina mutilada y una proyección de 813 mil niñas y mujeres más hasta 2030, Kenia está entre los que tienen las tasas más bajas, en contraste con Egipto, donde el 87% ha sufrido esta práctica y se calcula que unas 7,1 millones correrá la misma suerte hacia el mismo año.
Kenia es un caso paradigmático que se ha convertido en la punta de lanza para un verdadero cambio, pues su presidente, Uhuru Kenyatta, puso el tema en agenda y manifestó abiertamente en noviembre de 2019 su objetivo de terminar con la mutilación genital femenina para 2022.
Se trata de un objetivo difícil de cumplir, reconocieron Berhanu Legesse y Thierno Diuof, técnicos expertos en género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) con sede en Addis Adeba, Etiopía.
Pese a lo ambicioso de la propuesta, para la líder comunitaria keniata, Nice Nailantei Leng `ete lo importantes es que «se trata de la primera vez que el mandatario se expresa públicamente al respecto» y, además, porque «posiblemente otros líderes políticos seguirán su ejemplo».
«Sin los gobiernos, sin los políticos, no podremos ganar la batalla», continuó Leng`ete en coincidencia con Legesse y Diouf, aunque todos acuerdan que con las leyes no alcanza y se debe llevar a cabo un trabajo en el territorio, dentro de las comunidades, un cambio cultural.
«Los políticos tienen miedo de perder votos si se posicionan en contra de las culturas locales», explicó Leng `ete, de la comunidad masai -uno de los tantos pueblos que componen la población keniata- y trabaja junto con Amref, una ONG española dedicada al área de la salud en África.
En 2016, el Parlamento de la Unión Africana en Johannesburgo (Sudáfrica) aprobó, gracias al Grupo de Trabajo para la Mujer y representantes de Unfpa, la prohibición de la mutilación genital femenina. Sin embargo, según un informe realizado por la ONU en 2018, solo Kenia y Uganda tienen leyes robustas y las hacen cumplir.
¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?
La Mutilación Genital Femenina (MGF) es una práctica que niñas y mujeres sufren en algún momento de sus vidas entre la lactancia y la adolescencia y ocasionalmente en la edad adulta.
La MGF está dividida en cuatro tipos: la denominada clitoridectomía (una resección parcial o total del clítoris o solo su prepucio); la resección parcial o total del clítoris y labios menores; el estrechamiento de la abertura vaginal que se sella al cortar los labios mayores cosiéndolos; y la perforación, incisión, raspado o cauterización de toda la zona genital.
Las múltiples causas que circundan la ablación -higiénicas, estéticas, sanitarias, socioeconómicas- remiten, en definitiva, a una profunda desigualdad de género, relevó un el un informe de 2019 realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Esta desigualdad es la que lleva a las mujeres a carecer de acceso a la educación y de contención social para insertarse en el sistema laboral, y las convierte en dependientes.
Sobre estas imposiciones patriarcales se ciernen valoraciones estéticas, postulaciones supuestamente higiénicas y la superchería de que con los órganos sexuales mutilados, los hombres se asegurarán de la virginidad prematrimonial de las mujeres y posterior fidelidad.
Nada más lejos de esto, la MGF aumenta los riesgos de hemorragias e inflamación de los tejidos genitales, genera infecciones como el tétanos, problemas urinarios, estado de shock seguido de muerte, aumenta el riesgo de complicaciones de parto y de mortalidad neonatal y, sobre todo, trastornos psicológicos, resumió el documento.
Pese a que se practica en cerca de 30 países de África y Medio Oriente, se trata de un problema universal.
También se lleva a cabo en Indonesia, países asiáticos como India, Irak o Pakistán, y en algunas comunidades indígenas latinoamericanas de Colombia, Perú y Ecuador, así como en poblaciones migrantes de América del Norte, Oceanía y Europa, según relevó el informe.
