Justicia española suspende sesión de Parlamento catalán sobre independencia
En dicha convocatoria estaba previsto que el independentista Carles Puigdemont, presidente regional, valorara los resultados del referendo de autodeterminación del pasado 1 de octubre, prohibido por la justicia.
El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves la sesión prevista el próximo lunes en el Parlamento regional catalán, donde podría declararse unilateralmente la independencia de Cataluña, indicó oficialmente una portavoz del alto tribunal.
«El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido la convocatoria del pleno del Parlamento (catalán) del lunes», dijo la portavoz.
En esa reunión estaba previsto que el presidente regional, el independentista Carles Puigdemont, valorara los resultados del referendo de autodeterminación del pasado 1 de octubre, prohibido por la justicia.
El miércoles, una fuente del gobierno catalán dijo que «en función del desarrollo del pleno (previsto el lunes), se podría producir la declaración de independencia», sin llegar a confirmar categóricamente este extremo.
En un comunicado, el Constitucional explicó que la suspensión se produce al admitir a trámite un recurso presentado por los socialistas catalanes contra la convocatoria del pleno en la cámara catalana.
En su auto, el alto tribunal declara «radicalmente nulo y sin valor ni efecto ninguno» cualquier acción que «contravenga la suspensión acordada».
Igualmente, advierte a la presidenta de la cámara, la independentista Carme Forcadell, y demás responsables del Parlamento catalán que se exponen a responsabilidades penales «en caso de no atender este requerimiento».
La incógnita es si se se celebrará o no el pleno, después de que los líderes independentistas hayan desoído sistemáticamente al Constitucional.
El referendo del pasado domingo había sido precisamente prohibido y suspendido cautelarmente por el Constitucional español, a lo que los independentistas hicieron caso omiso.
Incluso, la mayoría secesionista de la cámara catalana hizo adoptar el 6 de septiembre una ley que permitía el referendo del 1 de octubre, y que afirmaba que prevalecía «jerárquicamente sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto», lo cual incluye a la Constitución española.
Según el gobierno catalán, en esa consulta, carente de las garantías habituales -entre otras cosas no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto- hubo una participación del 42,3%, y 2,02 millones de personas votaron a favor de la secesión del reino de España, sobre un total de 5,3 millones de electores convocados.