La Justicia de Sudáfrica emitió una orden de arresto contra el ex presidente Jacob Zuma (2009-2018) después de que, invocando motivos de salud, no se presentó hoy a una audiencia judicial por un caso de corrupción.
La orden de arresto, que no es inmediata y solo entrará en vigor si el ex mandatario no comparece a la próxima audiencia, fue solicitada por la Fiscalía al entender que Zuma, de 77 años, y su equipo legal no habían justificado debidamente su ausencia, y que no acudir a la citación constituía delito.
La jueza del caso Dhaya Pillay, de la ciudad oriental de Pietermaritzburg, se mostró de acuerdo con la Fiscalía, pero emitió la orden de arresto «en suspenso» y solo entrará en efecto si Zuma falta a la audiencia fijada para el 6 de mayo, o si no presenta la debida justificación para su ausencia.
Para explicar la incomparecencia de hoy, la defensa del ex presidente sudafricano había presentado una nota en la que se argumentaba que estaba enfermo, emitida supuestamente por un hospital militar, informó la agencia de noticias EFE.
La jueza, sin embargo, entendió que el documento no era legalmente admisible después de que la Fiscalía cuestionase incluso que estuviera validado por auténticos doctores.
Los abogados de Zuma, por su parte, adujeron que era «absurdo» que una rama del Estado pusiese en cuestión la veracidad del documento y sostuvieron que la salud del presidente es una cuestión de seguridad nacional que debe ser manejada militarmente.
No era la primera vez que el ex presidente aduce motivos de salud para no comparecer en público por trámites -siempre menos vinculantes que el de hoy- relacionados con las diversas acusaciones de corrupción que pesan contra él.
Los medios locales de Sudáfrica afirman que Zuma ni siquiera está en el país y que es tratado de sus supuestas dolencias -cuyos detalles no fueron oficialmente confirmados- en el extranjero, supuestamente en Cuba.
En la causa, a cuya audiencia faltó hoy, Zuma está imputado por asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
La imputación siguió un complejo camino judicial durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, la Fiscalía anunció finalmente la acusación formal contra el expresidente.
Zuma había dimitido solo un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que lo salpicaban y que habían acabado con su imagen de «presidente del pueblo».
De modo paralelo al desarrollo de esta causa, de la que hasta ahora solo se han celebrado audiencias preliminares -sin fecha fija para el comienzo del juicio-, la defensa ha estado tratando sin éxito que se le retiren los cargos bajo argumentos como que las acusaciones son una cuestión de persecución política contra Zuma.
Pero este caso sobre el acuerdo de armas en los 90 no es la única investigación por presunta corrupción protagonizada por Zuma.
También pesa sobre él la causa llamada «Captura del Estado», una trama corrupta establecida durante su gobierno con la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al ex presidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines a Zuma.
Además, ya en 2016 el ex mandatario tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
