Una huelga general, la tercera del año en Grecia y convocada por los principales sindicatos contra la reforma del mercado laboral que exigen los acreedores del país, se realizó hoy con seguimiento desigual en los diferentes sectores económicos.
Los empleados de ferrocarriles y los médicos del sector público se sumaron en gran volumen a la huelga que dejó sin periódicos a los quioscos, mientras los comercios funcionaron con casi total normalidad en el centro de la capital, Atenas, informó la agencia de noticias EFE.
«Reaccionamos a la austeridad represiva, a la pobreza y a la miseria. Una vez más nos enfrentamos a peticiones absurdas por parte de los acreedores, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)» señala un comunicado del GSEE, el principal sindicato del sector privado griego.
Ambas instituciones piden que Grecia «flexibilice» el mercado laboral, esto es revisar el derecho laboral para reducir la posibilidad de huelgas y facilitar los despidos.
A la convocatoria de la huelga general se sumó también la izquierda extraparlamentaria, el sindicato del partido comunista PAME y asociaciones de profesores de secundaria y de médicos de la seguridad social, entre otros.
Pese a tratarse de una protesta contra el gobierno, también mostraron su apoyo las bases del partido gubernamental, el izquierdista Syriza, que se pronunciaron masivamente contra la eventual liberalización del mercado de trabajo exigida por el cuarteto de acreedores.
En el centro de Atenas, unas 15.000 personas se manifestaron en diversas marchas que confluyeron frente al Parlamento, en la céntrica plaza Syntagma, sin producir incidentes, informó un vocero de la policía.
Las fuerzas de seguridad no desplegaron un dispositivo especial, dijo el mismo portavoz, confiados en que no habría episodios violentos.
Grecia, el país más endeudado de la zona euro, se ha mantenido a flote desde 2010 gracias a tres rescates financieros que recibió de sus socios europeos e instituciones de crédito internacionales, pero a cambio de tener que imponer duros e impopulares ajustes, incluyendo recortes de gastos y aumentos de impuestos.
La movilización tiene lugar mientas se debaten en el Parlamento los presupuestos generales de 2017, que contemplan aumentos de impuestos y recortes adicionales por un total de 3.300 millones de euros.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, en una reunión del consejo político de Syriza ayer, rechazó categóricamente que el Gobierno pueda dar marcha atrás en sus líneas rojas en materia laboral y descartó recortes adicionales más allá de 2018, el año en que termina el tercer rescate.
El Ejecutivo de Syriza pretende que se vuelvan a instaurar los convenios colectivos y rechaza que se flexibilice el despido, todo lo contrario de lo que piden organismos como el FMI el más intransigente a este respecto.
Los acreedores europeos (la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Banco Central Europeo) exigen que Grecia obtenga un superávit primario -antes de pagar servicio de deuda- del 3,5 % del PIB también en los años posteriores a 2018, cuando termina en teoría el tercer rescate.
