El gobierno francés suavizó el lunes con algunas concesiones su controvertido proyecto de reforma de la ley laboral, para tratar de frenar la movilización contra el mismo de sindicatos de asalariados y estudiantes, que amenaza con desestabilizar al ejecutivo a un año de la elección presidencial.

El primer ministro Manuel Valls presentó el lunes por la tarde a los sindicatos y las asociaciones empresariales una versión «corregida» del proyecto, cuyo contenido inicial volcó a las calles cientos de miles de manifestantes la semana pasada.

Valls pidió «un nuevo punto de partida» para esa reforma, que calificó de «audaz y necesaria».

En la nueva versión, el tope de indemnizaciones para los despidos abusivos, medida rechazada por todos los sindicatos, pasa a ser sólo «indicativo».

En cuanto a las condiciones de los despidos económicos, el gobierno mantuvo el texto original, pero agregó un mayor control de los jueces, que podrán verificar que las multinacionales no organicen artificialmente sus dificultades económicas en territorio francés para poder despedir.

Otra concesión, las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual.

Por la noche, el primer ministro se reunirá con los diputados socialistas, una parte de los cuales se opone también al proyecto.

Tanto Valls como el presidente François Hollande evocaron en los últimos días «correcciones» necesarias, pero descartando el retiro del texto, que será presentado en Consejo de Ministros el 24 de marzo.

El compromiso, un rompecabezas

«Ley de trabajo: Hollande juega su última carta», tituló el diario económico Les Echos. «¿Hasta dónde retrocederán Hollande y Valls?», planteaba el diario conservador Le Figaro.

Por su parte, Le Monde, evocaba el «rompecabezas» que significa para el gobierno encontrar un compromiso sobre esta ley.

Hollande y Valls, cuya popularidad no cesa de bajar en las encuestas de opinión, avanzan con ese proyecto en terreno minado, cuando se acerca la elección presidencial de 2017.

Ambos temen sobre todo que la movilización contra el proyecto de ley se amplíe aún más, en particular entre los jóvenes.

Los principales sindicatos contestatarios, CGT y FO, piden  que el texto sea pura y simplemente retirado, al igual que la UNEF, el principal sindicato de estudiantes.

Jean-Claude Mailly, dirigente de FO, reiteró la reivindicación de retiro del texto no bien se conocieron las modificaciones, que consideró insuficientes.

Por su parte, el dirigente de la CGT, Philippe Martinez, afirmó que  la movilización contra el texto «es más que nunca de actualidad», y denunció lo que llamó «efectos de anuncio» del gobierno.

La UNEF llamó también «a los jóvenes a continuar la movilización».

Los sindicatos llamados «reformistas», como la CFDT y la CFE-CGC, reconocieron «progresos», pero indicaron que sus instancias directivas se pronunciarán sobre el nuevo texto en los próximos días.

Las organizaciones empresariales apoyaron el proyecto del gobierno, pero temen ahora que las enmiendas lo «entibien». Pierre Gattaz, dirigente de la principal organización patronal, el Medef, se declaró el lunes «decepcionado», afirmando que el hecho de que el tope de indemnizaciones sea sólo «indicativo» retira «toda la coherencia al dispositivo».

El proyecto de ley laboral es criticado también dentro del gubernamental Partido Socialista, una parte de cuyos diputados se oponen desde hace tiempo el giro liberal dado por Hollande a la política económica.

Uno de ellos, Christian Paul, afirmó el lunes que el gobierno «no tiene hoy ningún apoyo popular, no tiene base electoral para la política aplicada». El parlamentario recalcó los malos resultados electorales del Partido Socialista en varias elecciones legislativas parciales realizadas el domingo.

Dada la firme oposición de los sindicatos contestatarios, el objetivo del gobierno es que los reformistas adhieran al texto modificado.

En cuanto a los sindicatos contestatarios, tras haber movilizado entre 220.000 y 400.000 manifestantes el miércoles pasado, llamaron a otro día de huelgas y manifestaciones el 31 de marzo.

Con la misma posición, la UNEF llamó ya a los estudiantes a manifestar nuevamente el jueves.

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