La Cámara de Representantes filipina (Cámara baja) aprobó hoy reinstaurar la pena capital en el país para delitos relacionados con drogas, y dejó en manos del Senado la decisión final sobre este tipo de castigo, en el marco de la polémica política de línea dura contra este tipo de delitos.
La medida aprobó con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención el polémico Proyecto de Ley 4727 apoyado por el presidente del país, Rodrigo Duterte, informó la agencia de noticias EFE.
El país del sudeste asiático suspendió la pena de muerte en 2006 durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo (2001-10), quien se encuentra en la actualidad entre los principales aliados políticos de Duterte.
El Proyecto de Ley 4727, cuya aprobación en la Cámara de Representantes requirió de tres sesiones de votación, contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos relacionados con drogas.
La pena capital se reserva, entre otros, para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para los asesinatos cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo el uso de éstas en un agravante.
La propuesta inicial incluía 21 delitos, entre ellos secuestro, asesinato y violación, pero la cámara baja decidió limitarla a los citados ocho casos relacionados con drogas para agilizar su tramitación y con la intención de incluir los cargos retirados más adelante, según su portavoz, Pantaleón Álvarez.
El Proyecto de Ley 4727 pasa así al Senado, formado por 24 escaños, donde se prevé un debate más disputado que el vivido en la Cámara de Representantes.
Duterte prometió durante la campaña electoral que le llevó al cargo el 30 de junio pasado que uno de sus principales objetivos era reimplantar la pena de muerte para un amplio espectro de crímenes, entre ellos los relacionados con las drogas.
El controvertido mandatario encabeza una dura campaña contra el tráfico y consumo de estupefacientes que ha causado la muerte de más de 7.000 presuntos traficantes o adictos en los primeros siete meses desde que empezó su mandato.
Organizaciones de defensa de derechos humanos, así como la Iglesia Católica de Filipinas, han realizado múltiples peticiones al Gobierno para que abandone el plan de reinstaurar la pena de muerte.
