El texto, presentado por Islandia, recibió el apoyo de España, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Fiyi, Italia, México, Perú, Eslovaquia, Ucrania, Reino Unido y Uruguay.
Por orden del presidente filipino, Rodrigo Duterte, el archipiélago asiático rechazará cualquier línea de crédito o subvención procedente de alguno de estos países, informó el portavoz de la jefatura de Estado, Salvador Panelo, en una entrevista con la cadena ANC.
En paralelo, una encuesta difundida hoy por la consultora privada Socia Weather Stations arrojó que el 82 % de los filipinos se siente satisfecho con la controvertida guerra contra las drogas impulsada por Duterte, en la que se calcula que han muerto más de 27.000 personas en los últimos tres años.
La Policía solo ha reconocido en 6.700 muertes desde el inicio de la campaña, pero las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denunciaron que el balance real supera incluso las 20.000 y han expresado sus dudas sobre las tácticas utilizadas.
Un 12 % se mostró insatisfecho y otro 6 %, indeciso, consignaron las agencias de noticias Europa Press y EFE.
En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales en redadas antidroga y encargó a la alta comisionada Michelle Bachelet que prepare un informe al respecto que deberá presentar el año que viene.
Duterte calificó la resolución como una «falta de respeto» y de estar «políticamente motivada» y llamó «falsos amigos» a los países que votaron a favor.
El mandatario, conocido como el «castigador» por su mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico, inició la campaña contra las drogas poco después de ganar las elecciones en mayo de 2016 con la promesa de acabar con el tráfico de estupefacientes.
ONG filipinas denunciaron abusos cometidos por los policías contra inocentes en las redadas, mientras que Human Rights Watch señala que centenar de menores murieron en el fuego cruzado y miles han quedado huérfanos, obligados a vivir en la calle y a abandonar la escuela.
Sin embargo, las autoridades filipinas aseguran que la campaña antidroga permitó que más de 400.000 drogadictos busquen rehabilitación y la detención de 193.000 personas relacionadas con el consumo y el narcotráfico.
