El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que su posible postulación para una nueva reelección está «en manos» del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y aseguró que el oficialismo actuará de acuerdo a la ley y respetará el derecho a la protesta, tras el rechazo de la oposición a su eventual candidatura y el de la Iglesia, que la calificó como un «grave daño a la democracia».
«Un grupo de asambleístas del oficialismo y la oposición plantearon este recurso y eso está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Como siempre habrá amenazas, amedrentamientos, procesos, pero legal y constitucionalmente (los magistrados) procederán si corresponde o no corresponde», dijo hoy Morales en rueda de prensa, citado por la agencia de noticias ABI.
Los dichos del mandatario llegan luego de que la corte boliviana aceptara analizar el viernes último el recurso legal del oficialismo para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución referidos al límite de participación en elecciones para autoridades nacionales y subnacionales, que podría habilitar la reelección indefinida de Morales y de su vice, Alvaro Linera.
La decisión del TCP provocó el rechazo de la oposición y hoy generó una dura declaración de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que calificó como un «grave daño a la democracia» la admisión del TCP de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS.
«Este hecho constituye un grave daño a la democracia, y desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016», indicó el Secretario General de la CEB, José Fuentes, en alusión a la consulta que rechazó una reforma constitucional promovida por el oficialismo para que Morales pudiera postularse en 2019.
«¿Dónde quedan los derechos de los millones de bolivianos que rechazaron esa opción?», puntualizó.
La Iglesia vaticinó que este antecedente podría socavar la credibilidad y legitimidad de las autoridades y podría colocar al país en una «situación de vulneración del orden constitucional de imprevisibles consecuencias».
«Nos unimos a las múltiples voces de la sociedad que rechazan este acto de sumisión de las más altas instancias legales a los intereses del poder político», sentencia el comunicado.
Una de esas voces había sido la del ex presidente Jorge Quiroga, quien tildó de «golpe» a la iniciativa del MAS.
«Golpe de @evoespueblo en Bolivia. Su TCP avanza en reelección perpetua, desconociendo resultados vinculantes, irrevisables y obligatorios» del referéndum de 2016, escribió en su cuenta de Twitter Quiroga, líder de la Democracia Cristiana, la segunda fuerza opositora en el Legislativo, tras conocer la decisión del TCP.
«Que no mal informen a la población, esto no es ningún golpe, esto más bien es una ponderación de derechos», respondió hoy la viceministra de Justicia, Cecilia Urquieta.
El intento del oficialismo también disparó la convocatoria a movilizaciones de repudio y hoy Morales dejó en claro que los opositores tienen derecho a movilizarse, pero adjudicó las acciones a los partidos políticos «de la derecha».
«He escuchado vigilias, marchas, caravanas, es su derecho, cualquier ciudadano, pero no sé si los cívicos representan a los partidos políticos de la derecha, tampoco son todos cívicos», dijo el presidente desde el Palacio de Gobierno, según informó el portal Página Siete.
Para Morales, «son muy pocos» quienes componen la movilización de los comités cívicos de Bolivia, quienes la semana pasada pidieron el respeto al voto del referéndum de 2016 y anunciaron, además de la marcha, la «resistencia civil» si se consolida el intento del MAS de lograr que el presidente pueda competir por otra reelección.
El TCP tiene unos 60 días para resolver si Morales queda o no habilitado como candidato para los comicios de 2019.
Según un sondeo de la firma Mercados y Muestras, el 65% de los bolivianos supone que Morales logrará habilitar su postulación pese a las restricciones vigentes y el 63% sostiene que no está habilitado para ello.
Morales accedió por primera vez a la presidencia en 2006 con la vieja Constitución.
En su gobierno convocó a una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Carta Magna que entró en vigor en 2009.
Su primer mandato con la nueva Constitución se inició en 2010 y se prolongó hasta 2015. En ese marco fue reelegido por única vez para el período 2015-2020.
