El gobierno de Etiopía declaró hoy el estado de emergencia por seis meses con la intención de frenar la ola de protestas populares desatadas en las regiones de Oromia y Amara, en la que ya murieron más de 400 personas en un año.
El primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, anunció el estado de excepción en la televisión pública nacional, la Corporación de la Radiotelevisión Etíope (EBC, por sus siglas inglesas), ante las crecientes protestas, que aunque se han producido durante todo el último año han incrementado su violencia desde hace una semana.
El domingo pasado, al menos 52 personas -cifra oficial- murieron en una estampida provocada por una intervención policial durante un festival tradicional en el que se escucharon algunas proclamas contra el gobierno. Y se suman a los cerca de 500 personas que perdieron la vida en el último año.
«La situación general, incluyendo la destrucción de instituciones gubernamentales y negocios, indica que nuestro país está descendiendo al caos. Esto amenaza nuestra soberanía y existencia como nación», dijo Desalegn, según consignó la agencia de noticias EFE.
Y aseguró que el gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF) iniciará un diálogo político con organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición, como se viene reclamando.
Desde noviembre de 2015, Etiopía registra una ola de protestas sin precedentes por todo el país y más de 500 personas murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad en las regiones de Oromia, en el centro sur del país, Amhara, en el norte, y Konso, en el sur.
Castigada por más de 30 años por el gobierno de los amhara, una minoría que dirige Etiopía desde el proceso de descolonización, los oromo están organizados en los últimos años en diferentes frentes separatistas que luchan por la independencia de la región.
Esta área montañosa ocupa, principalmente, el sur de Etiopía con una población de 20 millones de habitantes con una cultura y un idioma propio que, después de muchas reivindicaciones, desde 1992, se estudia en las escuelas de la zona.
Pero la Oromia es una parte del botín disputado y codiciado por las autoridades. Por allí se extienden ríos que abastecen al Cuerno de África con energía hidroeléctrica, se produce un 80% de las exportaciones de café etíope, es rica en oro, mármol, platino, níquel y hierro y se cría el 75% del ganado de África oriental.
Excluidos del proceso político y económico, los oromo asumen su lucha en las calles desde fin del 2015 contra la «persecución injustificada» de las autoridades, originada tras aprobarse un plan urbanístico para expandir la capital Adis Abeba, lo que puso en peligro los cultivos de este pueblo agrícola y seminómada.
Durante las protestas hubo más de 400 muertos, según denunció el Congreso Federalista Oromo -un partido opositor que defiende sus derechos- y validó la ONG internacional Human Rights Watch.
Aunque el régimen autoritario del primer ministro Dessalegn -sucesor de Meles Zenawi Asresy con mayoría parlamentaria- canceló el plan urbanístico, la represión y las protestas continuaron.
El punto culminante más reciente fue el 8 de agosto pasado en una nueva manifestación contra la persecución al movimiento independentista. Hubo 104 muertos y otro tanto de heridos por la represión del gobierno que practicó un ilimitado uso de la fuerza y los acusó de cometer «actos terroristas».
La situación de la etnia oromo tomó transcendencia internacional cuando el maratonista etíope Feyisa Lilesa, denunció públicamente tras la ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro la represión sistemática del gobierno de su país.
