La organización Human Rights Watch (HRW) reportó que al menos 75 personas murieron por la violenta represión de las fuerzas de seguridad de Etiopía ejercida sobre las protestas de estudiantes registradas en la última semana en la región de Oromia, próxima a la capital Adis Abeba.
Según un comunicado difundido ayer por HRW, las fuerzas de seguridad etíopes mataron al menos a 75 personas que participaban -desde el pasado 12 de diciembre- en protestas contra un plan urbanístico que busca integrar varios municipios de Oromia.
El gobierno etíope minimizó la cifra y afirmó que los muertos fueron 5, mientras que Amnistía Internacional habló de 40 muertos en las protestas.
«Human Rights Watch no pudo corroborar la cifra de muertos precisa ni los detalles de los incidentes individuales por las comunicaciones restringidas con las zonas afectadas», puntualizó la organización según la agencia EFE.
El pasado martes, el gobierno de Hailemariam Desalegn dijo que los manifestantes tenían una «conexión directa» con grupos terroristas extranjeros.
Como contrapartida, HRW, a través de uno de sus voceros -Leslie Lefkow- dijo que «catalogaron a manifestantes pacíficos como terroristas y el despliegue de fuerzas militares es una escalada muy peligrosa».
Las protestas de los estudiantes comenzaron en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros al suroeste de Adis Abeba, cuando las autoridades trataban de deforestar un bosque donde se desarrollará un proyecto de construcción edilicia.
Las protestas se extendieron rápidamente por toda la región de Oromia, lugar de origen de 35 millones de oromos, el grupo étnico más grande de Etiopía.
Aproximadamente dos millones de personas viven en el área afectada por el plan urbanístico de expansión de la capital, y muchos manifestantes temen que podría desplazarse a agricultores y residentes.
Los servicios de inteligencia etíopes acusaron a los manifestantes de intentar «desestabilizar el país» y de tener un «vínculo directo con un grupo que ha estado colaborando con terroristas».
El Ejecutivo etíope tomará «todas las medidas legales necesarias contra aquellos que intenten desestabilizar el sistema constitucional y legal, que garantiza la unidad y estabilidad del país», advirtió el primer ministro el pasado jueves.
