[Valencia] España aún no ha podido deshacerse de las secuelas que le dejara la última crisis financiera internacional e inmobiliaria. Según las leyes españolas, el desahucio o “desalojo” procede, cuando por resolución judicial se despoja del inmueble a las personas por incumplimiento de pagos en alquileres o hipotecas. En lo que va del 2017, se contabilizaron más de 45 mil desahucios por falta de pagos en inmuebles destinados al alquiler o hipotecas, dejando a miles de familias en la calle.
La crisis económica española inicia con el contagio de bonos tóxicos desde los bancos estadounidenses y repercute en el sector inmobiliario de la manera más brutal: despojando a familias humildes de sus casas.
La burbuja inmobiliaria es apuntalada por la especulación financiera de los bancos españoles, que promueven la autorización de créditos hipotecarios a tasas ridículas y sin respaldo documental de los trabajadores que peticionaban los empréstitos. Relajadas todas las exigencias para solicitar un crédito, los bancos se entregaron voraces a la oferta y demanda del mercado: muchas familias con necesidades de vivienda y decenas de bancos con pista libre para concederlos. Sin embargo, en ese idílico paraíso del librecambio, el sector de la banca sintió tambalearse cuando las familias no pudieron hacer frente a las cuotas de sus hipotecas por la caída del empleo y el consumo. Esto produjo la elevación a juicio de millones de desalojos por falta de pago y la irritación de miles de españoles que protagonizaron la famosa marea de protestas en el denominado “movimiento de indignados”.
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Como corolario de esta historia, las reglas del juego fueron efectivamente cambiadas a última hora por el gobierno de Madrid, que decidió entonces que el librecambio podía perjudicar a la banca privada y se lanzó a intervenir en el sector para evitar que quebraran los bancos, mientras miles de familias quedaban en la última frontera del fuego. Hoy, esas cenizas parecen avivarse como brasas frente al viento, ante el suicidio de una persona que estaba siendo desalojada de su vivienda por la policía nacional. Por este caso, cientos de personas salieron irascibles a protestar en decenas de ciudades frente a los bancos, con una sola consigna “no es suicidio, es asesinato” (y los señalados como culpables son los mismos bancos que operan en Argentina).
De la especulación financiera a la voracidad de internet
A la par de los desalojos, España vive un nuevo crecimiento del precio de los alquileres de inmuebles, producto de la desregulación que existe en el mundo digital. Se trata de la aplicación estadounidense Airbnb, que funciona como plataforma de arrendamiento de inmuebles residenciales a turistas. A través de ella, las personas pueden alquilar un departamento o casa con uso residencial, pero con fines turísticos, sin pagar tributos u obtener una licencia para la actividad. Es así que los precios de las viviendas han sufrido un crecimiento exponencial, imposibilitando que los residentes puedan hacer frente a los pagos de sus cuotas o siquiera acceder a la primera vivienda.
La desregulación de las finanzas y las lagunas legales de internet, generan efectos negativos en la economía inmobiliaria entregando al sector a la especulación bancaria y el monopolio de Airbnb. Las familias más vulnerables se encuentran presas entre dos gigantes, mientras un municipio español ha sentado un precedente que podría frenar alguno de estos abusos.
Se trata de la ciudad de Palma en la isla de Mallorca al sur de España. Es la primera ciudad en prohibir el alquiler de viviendas residenciales para el turismo, a los efectos de frenar la escalada de los precios de compra y alquiler de los inmuebles. Con ello, la ciudad no se blinda frente al turismo, que podrá continuar su cauce mediante los hoteles habilitados; sino que frena la especulación inmobiliaria para que haya vivienda donde exista una necesidad, y un hotel donde exista ganas de vacacionar.
Ante este escenario, los inversores internacionales que buscan explotar el sector turístico del mediterráneo, obtuvieron un mensaje contundente: sus inversiones serán recibidas, pero donde encuentren armonía con la planificación urbana de la ciudad. Un precedente que funcionará como prueba piloto para que otras ciudades se adecuen de manera planificada en su estrategia de inversiones extranjeras y diseño turístico. Un planteo que deberá ser tenido en cuenta en ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza o Ciudad de Buenos Aires, donde el crecimiento del turismo, la baja oferta de inmuebles y las lagunas legales, podrían funcionar como un cóctel inflamable a las familias que alquilan.
Mientras existen herramientas legales y políticas para frenar los abusos de las gigantes del internet turístico, hay muchas limitaciones ante el complejo sistema de redes financieras. Ya que las inversiones de cartera escapan de las competencias de los entes subnacionales, haciendo que cualquier tipo de reforma estructural deba ser efectuada a escala internacional. Para ello, la UE no encuentra consensos en cómo atenuar la ingeniería financiera del sector privado que tiene enorme creatividad para la innovación financiera y la creación de herramientas para atraer fondos. Los esfuerzos de Bruselas pasan por comprometer a los países con estas facilidades fiscales para operar con “trasparencia y colaboración”, a fin de evitar la evasión fiscal desde sus países miembros. No obstante, Luxemburgo, miembro de la UE, ha dado a conocer pocos avances en esta materia por el cual congratularse e imponer a otros países condiciones que no se respetan en el seno de la Unión Europea.
La leyenda cuenta que David hundió su mano en una bolsa, tomó una piedra y la lanzó con su honda al rostro del gigante Goliat, que cayó rendido en el suelo. Palma de Mallorca ha dado muestras de una épica batalla contra el lobby de Airbnb y ha decidido controlar su mercado inmobiliario poniendo como eje central a sus residentes. Se necesitará ahora el mismo coraje de la pequeña isla balear para poder hacer frente al emporio financiero y poner coto a la especulación de la banca en el sector inmobiliario. Si las reformas que se necesitan llegan tarde, España y los países del sur Europeo (Portugal, Grecia, Italia), acrecentarán la desigualdad social y se convertirán definitivamente en el patio de recreos de sus vecinos más ricos.
Licenciado en Relaciones Internacionales y Director del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org
**Fotografía Conclusión® y Fede Serra®.
