El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves una reforma laboral, en una sesión que no estuvo exenta de polémica, la cual tiene por objetivo acabar con los contratos precarios y la inestabilidad en el empleo.

La sesión culminó con un resultado muy reñido: 175 votos a favor y 174 en contra. Sin embargo, fue el error de un diputado del Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, el que garantizó que la reforma laboral se convirtiera en ley.

Hasta el momento, en España regía una ley laboral impulsada en el 2012 por el entonces presidente Mariano Rajoy, representante del conservador Partido Popular. No obstante, esta nueva normativa deja atrás algunos aspectos de esa legislación, que eran considerados “dañinos para los trabajadores”.

Tras meses de negociaciones entre sindicatos y empresarios, a fines de diciembre pasado el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, presentó esta reforma laboral, destacando que la misma “eliminaba la precarización” en el mercado laboral del país europeo.

Es que la nueva normativa elimina los contratos por obra y servicio, con lo que las contrataciones temporales solo serán viables en casos en los que exista causa justificada.

También se penalizarán los contratos de muy corta duración, aquellos de menos de un mes, que tendrán que soportar una mayor cotización a la Seguridad Social.

Los tipos de contrato se reducen a tres (indefinido, temporal y de formación), eliminando el de obra y servicio, uno de los más utilizados y principal método de contratación fraudulenta; mientras que en sectores estacionales como el turismo se potenciará la estabilidad del fijo-discontinuo, una modalidad del indefinido.

Asimismo, se sancionará con multas la contratación temporal irregular, es decir, cuando los puestos de trabajo son ocupados por figuras temporales durante más de un año y medio, por lo que el empleado que ocupe ese puesto adquirirá la condición de trabajador indefinido.

Si hasta ahora las empresas eran sancionadas en conjunto por infracciones en la contratación, con la nueva norma podrían aplicarse sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.

Otro de los avances que se destacan es el fortalecimiento de los sindicatos en la negociación laboral. Así, el convenio colectivo prevalecerá frente al de empresa en materia salarial. Sin embargo, el logro más celebrado es el establecimiento de la ultraactividad, que se recoge como derecho. De esta manera, los contratos se prorrogarán automáticamente en el caso de que haya finalizado el plazo máximo de negociación de uno nuevo y no se haya alcanzado un acuerdo.

En cuanto a la subcontratación, el convenio del sector será referente también para las empresas subcontratadas, cosa que no sucedía hasta ahora.

Además, la nueva norma potencia la formación profesional, apostando por las clases teóricas en aulas y la formación práctica en empresas. En este sentido, recoge también la creación del Estatuto del Becario, para lo que da un plazo de seis meses.

También se contempla la reforma del contrato formativo para jóvenes, eliminando el periodo de prueba y estableciendo indemnización en caso de despido.

En cuanto al empleo en las Administraciones Públicas, se suprimen tanto los contratos por obra y servicio como la posibilidad de realizar despidos por causas económicas.

También se pusieron en discusión los contratos fijos discontinuos, en los cuales los trabajadores eran empleados durante ciertos periodos del año. Se estima que esta situación afectaba a unos 450.000 españoles.

Pero la nueva ley mejora esta situación y establece que su antigüedad en la empresa comprende toda la duración de la relación laboral y no solo el periodo efectivamente prestado, de manera que se mejora su jubilación y las posibles indemnizaciones en caso de despido.

Aunque el texto no toca los despidos, sí otorga protagonismo al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, similar a los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE).

Estos mecanismos contemplan beneficios fiscales para las empresas que en tiempos de crisis mantengan a sus empleados, que recibirán una prestación para compensar la suspensión o reducción de su actividad.

Principales críticas

Quienes se oponen a esta reforma laboral se dividen en dos grupos: los que creen que el cambio no es necesario, como el PP; y aquellos que entienden que la nueva normativa no recoge todas las mejoras de los derechos de los trabajadores.

Estos últimos destacan varias lagunas en la nueva legislación, entre ellas el hecho de que no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo los despidos colectivos.

Asimismo, tampoco se ha recuperado la indemnización por despido improcedente, que era de 45 días por año trabajado hasta la reforma que el PP implementó en 2012.

También cuestionan que no volvieron los salarios de tramitación, es decir, los sueldos que se cobran desde que se produce la desafectación hasta que una sentencia judicial declara el despido improcedente.

Los críticos también manifestaron que no se haya limitado la subcontratación, que las empresas continúen teniendo la facultad de modificar unilateralmente las condiciones laborales y que se mantenga la posibilidad del descuelgue de convenio.

Grietas en el oficialismo español

Si bien la reforma laboral se convirtió en ley por sólo un voto de diferencia, las cifras finales muestran que algunos partidos de izquierda, que apoyaron la candidatura de Sánchez, votaron en contra de esta iniciativa. Por el contrario, algunos partidos de la oposición respaldaron la medida.

A favor votaron: el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP) –los dos socios del Gobierno de coalición–, Ciudadanos, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias (NC), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC), Partido Democrático de Catalunya (PDeCat) y Compromís, además del diputado conservador que se equivocó en su voto.

Mientras que se manifestaron en contra: el Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Junts, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Foro Asturias, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un parlamentario díscolo de Ciudadanos. Además, los dos diputados de Unión de Pueblo Navarro (UPN), que en principio iban a votar a favor de la reforma tras un acuerdo con el Gobierno, finalmente han roto la disciplina del partido.

Por otro lado, en la sesión se vivió un momento de confusión cuando el diputado del PP Alberto Casero se equivocó a la hora de emitir su voto y se expresó a favor de la normativa, brindando así la diferencia necesaria para que el proyecto se convierta en ley. Si bien el PP trató de enmendar el error de su legislador, no hubo marcha atrás.

Con información de RT