La nueva ley que determina que los repartidores son empleados de las plataformas digitales entra en vigencia en España desde este jueves.
La normativa obliga a las empresas de reparto de comida a contratar a los trabajadores bajo las leyes laborales, en vez de ser hacerlo a través de contratos independientes.
Mientras que los sindicatos solicitaron que se estreche la vigilancia y las inspecciones para asegurar su aplicación, la central sindical Comisiones Obreras (CCOO) consideró que la denominada Ley rider “tiene el objetivo de poner fin al fraude laboral que han sufrido durante ya demasiado tiempo los trabajadores y las trabajadoras de este sector”.
A través de una publicación en Twitter, el sindicato advirtió: “Las empresas seguirán sin cumplir la legislación y pretenden desafiar a la (nueva ley)”.
“Mientras les salga más barato pagar las multas que contratarnos, el fraude va a persistir. No entienden de leyes ni legislaciones”, aseguró.
Después de que se hayan producido unas 50 sentencias, que les han dado la razón a los trabajadores durante los últimos cuatro años, incluida una del Tribunal Supremo, los sindicatos que encabezaron la lucha por la legalización lograron precipitar el tratamiento en el Congreso de los Diputados, que después de varias reuniones llevadas adelante con los sindicatos y otras organizaciones fue aprobada.
Todas las empresas afectadas por la nueva disposición legal tuvieron tres meses desde el 12 de mayo, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial de España, para contratar a sus repartidores.
En tal sentido, según el profesor y abogado Josep Conesa, «durante mucho tiempo las empresas se han aprovechado de una situación no regulada. La ley ha regulado la realidad que, además, así los jueces la han plasmado en las sentencias”.
Más adelante, el profesional completó sus consideraciones en declaraciones a Sputnik Mundo: “La realidad es que es una relación laboral controlada por las empresas y por tanto hay que pagar la seguridad social y avalarles sus derechos como trabajadores».
En contra
Aún así, dentro del colectivo de los propios repartidores se registraron voces que se oponen a la medida. Así, una de ellas, la de la venezolana que trabaja en Cádiz, Lisset Delgado, consideró: «Estoy en contra de la ley porque tienen contratos muy precarios y su estrategia es contratar a algunos para en una semana despedirles como ya están haciendo en Jerez. Hacen contratos de 38 horas y los fines de semana nos ponen a trabajar 12 horas por día”.
«Creo que el Gobierno debería aplicar una ley con mejores condiciones sin prohibirnos seguir siendo autónomos», concluyó.
