Por Nabih Yussef*
La reciente publicación del Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, reveló que Argentina es actualmente la tercera exportadora de metanfetamina de la región y el cuarto consumidor de cocaína. Así se desprende del trabajo realizado por la Oficina de Naciones Unidas sobre Droga y Crimen, que provocó alertas en la dirigencia política nacional.
Los datos, sin embargo, tienen una metodología cuestionada por funcionarios de la provincia de Santa Fe, que advierten, “presenta errores sobre los números que elaboramos en el territorio”. Tras la negativa de los funcionarios para tratar el tema frente a la prensa, Conclusión invitó al diputado nacional Alejandro Grandinetti que estuvo en Naciones Unidas para estudiar estos temas.
El narcotráfico presenta un desafío complejo para la clase política por la penetración de sus influencias en las campañas electorales, la justicia y la policía. Históricamente las fuerzas policiales se habían financiado de manera ilegal a través de actividades prohibidas menores, como la recaudación de boliches sin habilitación municipal, cabarets, quinielas clandestinas, comercios informales e incluso el cobro de “bonos de cooperación” para el destacamento. Sin embargo, el financiamiento proveniente del narcotráfico dio a la policía una caja de poder que ha venido a rivalizar con el poder de la política para hacerle frente a la narcocriminalidad.
La “vieja caja” provenía de fondos sin manchas de sangre, y aunque muchos políticos no lo reconozcan, provenía de actividades ilícitas que contaban con un amplio grado de tolerancia política y aceptación social. Sin embargo, la “nueva caja” modificó la recaudación de sus prebendarios dotándolos de mayor independencia. El desafío de la dirigencia es un desafío de supervivencia, ya que estos recursos pueden colonizar a partidos políticos como ha ocurrido en Colombia y en México.
Pinchando al enemigo
En el plano de la seguridad e inteligencia, Argentina viene desaprobando todos los exámenes. La muerte del fiscal Alberto Nismansigue siendo un rompecabezas sin resolver, con piezas de la política, la justicia y los servicios de inteligencia. La ex Side, ahora convertida en Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ha sido objeto de denuncias de la izquierda a la derecha. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) ha denunciado lo que denominó “proyecto X”, en alusión a un aparato de vigilancia y escuchas ilegales donde participaban Gendarmería Nacional y la SIDE para destrabar conflictos políticos con diseño operacional de ese espacio.
Elisa Carrió, por otra parte, también ha reconocido que se encuentra investigada de manera ilegal y que su teléfono fue “pinchado” por inteligencia, en alusión a las intervenciones telefónicas.
El problema de los servicios de inteligencia volvió a resonar tras la denuncia de la bancada del Frente Renovador en el Congreso, por la intervención de computadoras y teléfonosa sus diputados.La denuncia radicada en Comodoro Py tiene como principal acusada a una diputada del gobierno, Silvia Lospennato. La congresista reveló que poseía los “chats” enviados porel diputado Sergio Massa que le pedía a su bloque “bajar” más tarde al recinto para demostrar que “sin nosotros no se sesiona”, lo que Lospennato calificó de “inmoral”.
Para Grandinetti el caso es gravísimo y revela los problemas de la democracia argentina, donde “opositores son escuchados por el amigo del presidente” Macri en los órganos del Estado, en referencia a Gustavo Arribas titular de la AFI.
Narcotráfico y servicios de inteligencia, cócteles peligrosos que ponen en evidencia la baja intensidad de la democracia argentina.
*Analista internacional, Director de www.CEIEP.org
