El Tribunal Supremo español decidió hoy por unanimidad suspender de forma cautelar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que debía llevarse a cabo el próximo 10 de junio, por orden del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.
La decisión, que frustra la emblemática medida a sólo seis días de que se concretara, estaba dentro de lo esperado, ya que los nietos del dictador habían interpuesto un recurso contra la exhumación.
No obstante, el Ejecutivo confía en que el Supremo fallará a su favor cuando resuelva el fondo de la cuestión, algo que retrasará la exhumación unos meses, según un comunicado oficial.
Los restos del dictador Francisco Franco iban a ser exhumados de su cripta en el Valle de los Caídos, un monumento de exaltación al fascismo que él mismo hizo construir tras su victoria en la Guerra Civil española (1936-1939) a unos 50 kilómetros de Madrid, e inhumados en un panteón en el cementerio madrileño de El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo.
«La suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco», dijo el gobierno.
La Sección Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo argumenta que su decisión se produce para «evitar el perjuicio, que de otro modo, se causaría a los familiares del dictador» y, «especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y las instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
Con su traslado, el gobierno español cumple con la Ley de Memoria histórica española aprobada por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que ordena la retirada de símbolos conmemorativos de la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil y la represión de la dictadura, y prohíbe la exaltación de sus figuras.
Teniendo en cuenta el «interés general» relacionado con el cumplimiento de la citada ley de Memoria Histórica, los jueces esperan «resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable», ya que señalan que no el tramite no presenta «particulares dificultades».
El recurso de los nietos del dictador estuvo dos meses sobre la mesa del tribunal Supremo hasta que los jueces tomaron una decisión.
El abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, se mostró satisfecho por la decisión: «se ha puesto en su sitio al gobierno que no es otro que el respeto judicial de la actuación administrativa «, dijo en declaraciones al canal público TVE.
Utrera Molina confía en que en su decisión final el Supremo tendrá en cuenta los argumentos de la familia, no solo en lo que respecta a su rechazo a la exhumación sino también el derecho a «decidir dónde deben reposar los restos».
Los familiares del dictador siguen pidiendo que en caso de que se autorice la exhumación, Franco sea trasladado a la cripta de la céntrica catedral de La Almudena, algo a lo que el Ejecutivo se opone de forma tajante para evitar los actos de reivindicación del dictador a metros del Palacio Real.
Las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, por su parte, recibieron que la noticia del Supremo con indignación, mientras se manifestaban ante la alto tribunal a favor de la exhumación en el marco de la campaña «Ni Valle, ni Almudena».
«La decisión es un oprobio para la sociedad española y una muestra de que el franquismo no se ha ido totalmente de las instituciones», dijo abogado Miguel Ángel Muga, vocero del grupo de familiares de víctimas.
El socialista Pedro Sánchez anunció la exhumación de Franco tras llegar al poder en junio de 2018 por medio de la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero la resistencia de la familia y de franquistas que iniciaron procesos judiciales pusieron frenos constantes al proceso, que una vez más no tiene fecha exacta
