El Tribunal Supremo de Israel confirmó este miércoles que abordará varias apelaciones presentadas contra la aprobación por parte del Parlamento de la llamada ‘cláusula de razonabilidad’, uno de los puntos clave de la reforma judicial presentada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que desató masivas movilizaciones durante los últimos meses.

Está previsto que el máximo tribunal aborde estas apelaciones en septiembre, mientras que el Gobierno tendrá que presentar su postura por escrito diez días antes.

La decisión de fijar estas audiencias para abordar las apelaciones contra la cláusula, que impide que los tribunales usen los estándares judiciales de ‘razonabilidad’ para analizar las decisiones del Gobierno, no incluye, sin embargo, un congelamiento de su aplicación, por lo que este miércoles entró en vigencia como estaba previsto.

El líder del opositor Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, Eliad Shraga, afirmó que la organización «comparecerá ante el Supremo para defender la democracia israelí y hacer todo lo posible para detener el golpe judicial».

«Seguiremos protestando y luchando en todas partes y desde todos los lugares hasta que se acabe con la amenaza», aseguró el líder de las protestas que desde hace meses sacuden a Israel y que atrajeron el apoyo de todos los estratos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha, grupos seculares y religiosos, activistas por la paz y reservistas militares, así como trabajadores manuales y del sector tecnológico crucial para la economía del país.

Los críticos contra la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para limitar las competencias judiciales.

Además, acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra, lo que él niega.

El primer ministro, mientras tanto, celebró el lunes la «necesaria» aprobación de la nueva ley y convocó a la oposición a negociar con vistas a las futuras fases de la reforma, tras el colapso de las conversaciones, que estaban siendo mediadas por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Desde la oposición, el líder de Yesh Atid y ex primer ministro israelí, Yair Lapid, anunció que recurrirán la ley ante el Tribunal Supremo.

«No nos vamos a rendir. No vamos a convertirnos en Hungría o Polonia», manifestó, mientras que el líder de Unidad Nacional y exministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que la aprobación de la cláusula era «una victoria de los extremistas».

La inestabilidad política hizo saltar las alarmas incluso entre los aliados de Israel.

Estados Unidos calificó la votación del lunes de «desafortunada» y el Gobierno alemán dijo estar siguiendo con «gran preocupación» las tensiones que sacuden la sociedad israelí.