Entre enero y julio de este año ingresaron a Chile más de 23.000 extranjeros por pasos fronterizos no habilitados -una cifra histórica y con proyecciones de crecer aún más-, denunció la ONG Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
El SJM considera que «la política del Estado y el Gobierno de Chile ha fallado» en relación al elevado número de migrantes que han ingresado al país por vías no habilitadas y que permanecen «invisibles» ante la institucionalidad del país.
Aunque las cifras divulgadas sean de carácter oficial, otorgadas por la Policía de Investigaciones (PDI), cuerpo encargado de formalizar el ingreso de migrantes en el país, el organismo cuestiona que se acerquen a la realidad, pues aún existe estigma y temor por parte de migrantes ilegales.
De acuerdo con la ley de migración, todos los extranjeros que ingresen de forma irregular deben presentar una autodenuncia ante la PDI, como primer paso para regularizar su situación. Sin embargo, no es garantía para ellos porque la autoridad chilena puede deportarlos.
En este sentido, Walezka Ureta, directora nacional del SJM, aseguró a Radio Cooperativa que no hay información «de cuántos (migrantes) son en total, porque hay personas que por miedo no se autodenuncian y están invisibilizadas por la institucionalidad».
Ureta sostiene que «la política del Estado y del Gobierno ha fallado», señalando que «todos queremos una migración segura, ordenada y regular, pero cuando tienes instrumentos diplomáticos y políticos para hacerlo, como las visas y la ley de refugio, y no se utilizan, estamos en problemas».
La directora del SJM argumentó que la tasa de otorgamiento de visas a migrantes procedentes de Venezuela (14%) y Haití (12%) ha sido muy baja respecto de las solicitudes realizadas, condenando que «son cifras bajísimas para un instrumento que se creó para una migración segura, ordenada y regular».
Según el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a mediados de julio de este año, los venezolanos se convirtieron en la mayor colonia migrante del país con el 30,7% de la población extranjera (más de 1,4 millones a diciembre de 2019).
Por otra parte, Ureta también se refirió a la Ley de Refugio, por la cual apenas se registraron 10 otorgamientos a ciudadanos venezolanos el año pasado, cifra que calificó de «vergonzosa».
«Ninguna de las personas que ha llegado migra por gusto, cruzar cinco países con hijos, adultos mayores y toda la exposición en el camino, el tráfico de personas, es una migración forzada, y la idea es que los países que están recibiendo esta migración puedan ordenarse entre ellos», exclamó.
