El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó este lunes con encarcelar a aquellas personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus.
No se quedó allí con esa declaración y fue más allá: “No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los arrestaré y les inyectaré la vacuna en el trasero”.
Enseguida, el primer mandatario filipino señaló que “si no están de acuerdo con vacunarse, váyanse de Filipinas, vayan a India o a América”.
Como es de suponer, la afirmación tuvo repercusiones como la del secretario de Justicia, Menardo Guevarra, quien le restó importancia a la amenaza presidencial al publicar un mensaje de texto que expresa: “Creo que el presidente simplemente usó palabras fuertes para hacer entender la necesidad de vacunarnos y alcanzar la inmunidad colectiva lo antes posible. Como abogado, sabe que no vacunarse es una opción legal”.
No obstante, el asesor legal presidencial, Salvador Panelo, insistió este miércoles en que la orden del presidente Rodrigo Duterte de arrestar a quienes se nieguen a vacunarse contra el Covid-19 es legal, lo que contradice la posición del Departamento de Justicia.
Panelo citó el artículo 2, incisos 5 y 15 de la Constitución que establece que “el mantenimiento de la paz y el orden, la protección de la vida y la promoción del bienestar general, entre otros, son esenciales para la democracia” y que el Estado debe “proteger y promover el derecho a la salud de las personas e inculcarles la conciencia de la salud».
“Estamos en un estado de emergencia nacional debido a la pandemia mortal. Tiempos drásticos exigen medidas drásticas. La Constitución le ha dado suficiente autoridad al gobierno para manejar la crisis mientras trabaja vigorosamente para lograr la inmunidad colectiva”, concluyó en un comunicado.
