El PP español exige que Sánchez comparezca por crear «confusión» con su denuncia de espionaje

El opositor Partido Popular (PP) de España dijo este martes que la denuncia del Gobierno de que el presidente y una ministra fueron espiados con el mismo sistema israelí Pegasus, con el que al parecer fueron espiados líderes independentistas catalanes, dejó muchas preguntas abiertas que el presidente Pedro Sánchez debería responder en el Parlamento.

El Gobierno presentó este lunes una denuncia ante la Justicia en la que asegura que los teléfonos celulares del Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».

La denuncia del Gobierno llegó en medio de intensos esfuerzos de Sánchez de aplacar la indignación de sus socios en el Parlamento de partidos independentistas catalanes, luego de que un informe de investigadores en ciberseguridad de una universidad de Canadá afirmara que unos 60 dirigentes de Cataluña tuvieron sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el mismo software Pegasus.

La compañía israelí que desarrolló el programa afirma que solo es usado por Estados, pero Sánchez aseguró a los independentistas catalanes que su Gobierno no estuvo involucrado y que él no tuvo «nada que ver», aunque anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de inteligencia interno español, abriría una investigación interna y se comprometió a «rendir cuentas».

En una entrevista televisiva, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo este martes que la denuncia del Gobierno contenía «muy poca información» y dejó «muchísimas preguntas abiertas».

«Al final lo que se ha generado en una crisis de seguridad es una grandísima confusión y hoy vivimos una ceremonia de la confusión que pone en cuestión a nuestras instituciones y la seguridad que tenemos como Estado», dijo Gamarra.

De acuerdo con la denuncia, las intrusiones «ilegales» y «externas» se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

La dirigente del PP calificó el hecho como una «ceremonia de la confusión que tiene» como «responsable» al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Esto no es serio. No parece lógico que cuando hay que hablar de seguridad y proteger a las instituciones, al Estado, quien genere confusión sea el propio Gobierno, que debiera estar buscando el cauce y el camino para proteger a las instituciones y para dar fortaleza y credibilidad», dijo al canal TV Antena.

Para Gamarra, junto a la crisis de seguridad que atraviesa el país «hay una crisis de credibilidad que lidera el propio presidente del Gobierno, que no es creíble», ya que «siempre miente, y la opinión pública no le cree», informó la agencia de noticias Europa Press.

El líder de la formación de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en tanto, puso en duda la veracidad del espionaje denunciado este lunes y se preguntó por qué – en caso de ser cierto- el Ejecutivo decidió «airearlo» ahora, pese a conocerlo desde hace meses.

«Este Gobierno es capaz de cualquier cosa, lo digo con desconfianza total y absoluta; pongo en cuestión cualquier anuncio de este Gobierno», dijo Abascal en una entrevista en el canal abierto español Telecinco.

En tanto, en una resolución hecha pública este martes, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dio luz verde a la causa sobre el presunto espionaje e inició las diligencias por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras asumir la denuncia del Estado.

El juez confirmó que según los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), el celular del jefe del Ejecutivo «fue infectado» en dos ocasiones el pasado año: el 19 de mayo y el 31 del mismo mes. «Se produjo exfiltración de información del dispositivo en esas fechas», apunta Calama.

A través de la misma resolución, el instructor pidió opinión a la Fiscalía para que se pronuncie sobre las medidas de investigación a adoptar ahora, con el objetivo de «averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos que los tales hechos pudieren constituir».