La Cámara de los Lores dio luz verde esta madrugada a la polémica ley sobre inmigración, que pretende frenar el flujo de inmigrantes que llegan de forma ilegal a Reino Unido y negarles la opción de solicitar asilo, tras aprobar los cambios al proyecto presentado en los Comunes.
Esta medida forma parte del plan del primer ministro Rishi Sunak para combatir la inmigración irregular y a pesar de las controversias, es una pieza clave en esas políticas del actual Gobierno del Reino Unido.
La aprobación del proyecto clave en la agenda del mandatario conservador -que para convertirse en ley necesitará ahora de la firma del rey Carlos III-, se produce en medio de una crisis migratoria en el Canal de la Mancha.
El año pasado, más de 45.000 personas alcanzaron las costas británicas de forma irregular a bordo de embarcaciones precarias.
El Gobierno expresó su preocupación por el creciente volumen de estas embarcaciones que llegan al país, argumentando que causa un aumento constante en el número de solicitudes de asilo pendientes de procesar por el Ministerio del Interior.
Según los datos disponibles, al finalizar 2022 había un total de 132.200 solicitantes principales que aún aguardaban una decisión inicial sobre su pedido de asilo.
Bajo este escenario el nuevo proyecto establece ahora la expulsión de cualquier persona que llegue ilegalmente al Reino Unido, a su país de origen o a un tercer país seguro.
Los cambios realizados por la Cámara de los Lores incluyen garantizar la interpretación coherente del proyecto de ley con las obligaciones del Reino Unido en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, procesar solicitudes de asilo si una persona no ha sido expulsada en un plazo de seis meses, y evitar la expulsión de personas LGBTIQ+ a ciertos países.
También se limitó a 72 horas el tiempo que un niño no acompañado puede estar detenido y se requirió que el Gobierno adopte políticas sobre migración, incluyendo el deber del ministro del Interior de crear rutas seguras y legales para los refugiados.
La iniciativa incluye una cláusula que descalificará a las posibles víctimas de la trata de personas de la protección contra la deportación, el apoyo a la esclavitud moderna y cualquier requisito para obtener una licencia, con excepciones para las personas que cooperen con una investigación o proceso penal.
Con el actual sistema de inmigración en revisión desde el Brexit, la nueva ley representa un cambio significativo.
La norma más reciente, la Ley de Nacionalidad y Fronteras 2022, tenía por objetivo desalentar la llegada de solicitantes de asilo por rutas que no fueran seguras y legales.
Mientras tanto, a fines de julio se espera que los primeros solicitantes de asilo aborden una controvertida barcaza con capacidad para alojar a 500 personas.
El barco, bautizado como Bibby Stockholm, fue amarrado en Dorset y generó opiniones divididas entre la población.
Downing Street justificó el uso de estas barcazas para alojar a los inmigrantes, argumentando que representa una alternativa más económica que mantenerlos en hoteles.
El portavoz oficial de Sunak destacó la necesidad de considerar el impacto económico de las políticas de asilo.
En sus declaraciones a los periodistas, expresó que «es correcto para el público en general que nos alejemos de una situación en la que 6 millones de libras al día del dinero de los contribuyentes se destinen a alojar a estas personas en hoteles».
