El Parlamento de Bolivia aplicó este jueves su potestad constitucional y promulgó una ley para celebrar elecciones en un plazo de 90 días, que había sancionado anoche pero que la presidenta interina, Jeanine Áñez, se negó a firmar por considerarla un «atentado a la salud» en medio de la pandemia de coronavirus y hoy anunció que presentará un «recurso de inconstitucionalidad».
«La próxima semana acudiremos al Tribunal Constitucional para interponer una acción de inconstitucionalidad a esta ley que atenta contra la salud y la vida de todos los bolivianos», indicó en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
El ministro aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere llevar a Bolivia a una «polarización» y quiere «electoralizar» el país en medio de la emergencia sanitaria.
«El MAS ha forzado la aprobación de esta ley (…). Nunca se ha enfocado por la salud de los bolivianos. Ha construido más canchas que hospitales en Bolivia», argumentó Núñez.
Pese a la negativa de Áñez, la ley fue promulgada durante la noche de este jueves en el Parlamento por la mayoría del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente de Evo Morales.
La mandataria transitoria acusó seguidamente en un comunicado a Morales y al candidato electoral de su partido, el ex ministro Luis Arce, de manipular a la Asamblea Legislativa para que promulgara una «ley inmoral».
En un mensaje al país y a la comunidad internacional, recordó que el voto en Bolivia es obligatorio y advirtió de que si millones de personas tienen que salir a la calle el mismo día en plena pandemia, «puede generar cientos de víctimas fatales» y «miles» de contagios de Covid-19.
Áñez dijo que en su caso antepone la salud de los bolivianos a su candidatura, ya que concurre a los comicios por la alianza Juntos, informó la agencia de noticias EFE.
Asimismo, defendió que sea el órgano electoral el que fije la fecha de las elecciones, cuando «la pandemia lo permita», y responsabilizó al MAS, Arce y Morales de lo que pueda pasar si los comicios se celebran mientras existe riesgo de contagios en el país.
Morales, por su parte, señaló en su cuenta de Twitter que «el régimen de facto demuestra nuevamente su afán prorroguista. El Legislativo ha sancionado una ley en el margen de tiempo propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, y el pueblo quiere que se recupere la democracia. No le interesa la salud, le interesa asaltar al Estado».
Por su parte, el ex presidente y candidato al mismo cargo por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, propuso hoy «un diálogo nacional» para calmar la tensión en el país tras la promulgación de la ley por parte del Parlamento, que escala un conflicto de poderes.
Mesa plantea que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez sea el moderador de ese diálogo, que reúna a las principales fuerzas políticas en lo que calificó como un «momento de transición» en el país.
Bolivia tenía que ir a las urnas este domingo 3 de mayo pero el órgano electoral decidió en marzo aplazar la cita electoral cuando el Ejecutivo interino decretó estado de emergencia sanitaria ante los primeros casos de coronavirus.
El gobierno interino extendió esta semana la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo.
El Tribunal Supremo Electoral presentó al Parlamento un proyecto de ley en el que le proponía que eligiera una fecha de votación entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, pero la mayoría del MAS en el Legislativo cambió el texto para que los comicios sean en 90 días.
La presidenta transitoria tenía que promulgar la ley o devolverla al Parlamento, y esto último fue lo que hizo.
El Parlamento volvió seguidamente a reunirse de emergencia y aplicó su potestad constitucional de promulgar la ley.
Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores después de que se anularan las elecciones de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor entre denuncias de fraude e informes de organismos internacionales sobre irregularidades en los comicios.
En medio de violentas protestas callejeras de opositores, la cúpula de las Fuerzas Armadas de Bolivia sugirió a Morales que renunciara.
El entonces presidente anunció entonces que dimitía a un cuarto mandato consecutivo porque era forzado por un golpe de Estado para privarlo de una nueva victoria electoral y sacarlo del poder en medio de presiones de militares y policías, entre otras.
Áñez asumió entonces con un polémico mandato interino primero hasta el 22 de enero, cuando debía empezar una nueva legislatura, luego ampliado hasta que salga un nuevo Gobierno de las elecciones, a las que se presenta como candidata tras haber dicho al principio que no lo haría.
