El gobierno de Nicaragua rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones generales previstas para 2021, como proponen diversos sectores para superar la crisis que estalló hace casi un año, ya que esto constituiría «un rompimiento constitucional».

«El adelanto de elecciones sería un rompimiento constitucional», sentenció anoche en rueda de prensa el diputado Wilfredo Navarro, uno de los negociadores del Ejecutivo en la mesa que mantiene con una alianza opositora desde el pasado 27 de febrero.»Por tanto, en este momento, y lo vamos a mantener siempre, no existe el tema de elecciones adelantadas en la agenda», recalcó.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y uno de los negociadores de la oposición, Mario Arana, consideró que es válido «explorar» un anticipo electoral, porque, a su juicio, el país necesita un «golpe de timón» para recuperar la estabilidad y la gobernabilidad.

Arana abogó para que sean los nicaragüenses los que tomen «la decisión de si quieren o no continuar con este gobierno» y que en la mesa de negociación ya lo han planteado. El jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, explicó que esa es una de sus propuestas para superar la crisis.

«Aquí lo que se requiere es un adelanto de las elecciones, porque si este gobierno continúa hasta el 2021, no habrá solución al problema político que está causando la ruina económica del país», alegó.Según la Constitución, los comicios generales deben celebrarse cada cinco años y están fijadas para noviembre de 2021.

Diversos sectores nicaragüenses, entre ellos la Conferencia Episcopal, así como Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han pronunciado a favor de anticipar las elecciones.Los manifestantes exigieron una y otra vez la renuncia de Ortega, que lleva casi 12 años como presidente en esta segunda etapa en el poder.

El líder sandinista ya ocupó la Presidencia entre 1979 y 1990.Un total de 325 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron encarceladas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales. El Ejecutivo nicaragüense solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.