El Gobierno de Nicaragua pidió a la comunidad internacional que suspenda toda sanción contra el Estado por la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que dejó cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio, mientras el presidente Daniel Ortega invitó a un representante de la OEA a participar de las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición.
En un comunicado en el que dio a conocer cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa que mantiene con una alianza opositora, el gobierno hizo «un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población».
El llamado llega un día después de que la Conferencia Episcopal declinara participar como testigo y acompañante en las conversaciones, lo que hizo que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunciara que reconsiderará su presencia en ese foro.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EEUU con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzó a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría terminar con la suspensión del organismo continental.
En su comunicado, el Gobierno explicó que presenta cinco puntos de agenda porque están «comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua, y tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021», con lo que descarta adelantar las elecciones, que es una de las demandas de diversos sectores.
El Ejecutivo plantea fortalecer las instituciones electorales, justicia y reparación «para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua», la liberación de los presos “en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado” y revisar los expedientes, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad.
La Alianza Cívica dijo que exigirá la liberación de todos los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstas en la Constitución.
El gobierno informó además que Ortega invitó a Luis Ángel Rosadilla, el enviado especial de la Secretaría General de la OEA, a participar en la mesa de negociaciones.
La Cancillería relató que el 14 de febrero el Gobierno sostuvo «importantes conversaciones» con una delegación de la Secretaría General de la OEA «a fin de avanzar en la ruta hacia las necesarias reformas electorales en el marco de la Constitución, entre otros temas».
