La dependencia Inspección de Trabajo del Estado español multó con 8,5 millones de dólares a la empresa Glovo por haberse negado a darles el alta en la Seguridad Social a 1.316 repartidores de la provincia de Sevilla.
Se trata de la multa más grande que haya recibido la plataforma tecnológica desde que en agosto entró en vigencia la denominada ley “rider” que se ha comprometido a blanquear a 3.000 trabajadores dentro de los próximos tres años, lo que representa el 30 % del total personas que deben acceder a ese derecho.
Al respecto, el secretario de acción sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla, Daniel Moreno, lamentó que Glovo «haya preferido exponerse a la sanción antes que aplicar la legislación y respetar los derechos laborales».
En tanto, subrayó la tarea de la Inspección de Trabajo por su trabajo al detectar estas «irregularidades en la contratación» para que estos 1.316 repartidores dejen de ser autónomos y pasen al Régimen General de la Seguridad Social que les corresponde por derecho.
Además, agregó al respecto: “A pesar de la falta de efectivos que llevamos años denunciando, las actuaciones de la Inspección son fundamentales para perseguir el fraude en la contratación y garantizar que las empresas cumplan la legislación vigente”.
Algo similar ocurre con Uber Eats que tenía repartidores bajo un régimen informal, después de contratar flotas de repartidores por estar permitida esta modalidad en momentos en los que se producen picos de demanda, y no como manera permanente de contratación.
