La jueza federal Dolly M. Gee, del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles, dejó ver en una audiencia celebrada hoy a los abogados implicados en el caso un fallo tentativo por el cual bloquearía la implementación de un plan que anunciaron en agosto pasado para retener a niños migrantes.

Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis (UC Davis), una de las abogadas relacionadas al caso, dijo que el fallo amparará a los menores de manera indefinida y mantiene vigente el llamado Acuerdo Flores, que evita que los niños estén detenidos por más de 20 días, entre otras garantías, informó la agencia de noticias EFE.

El 21 de agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció su intención de poner fin a las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, vigente desde 1997, alegando que el pacto «originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años», pero fue prorrogando sin que las administraciones anteriores adoptaran una regla definitiva.

La norma fue publicada días después en el Registro Federal e iba a entrar en vigor en 60 días desde entonces, es decir a finales del próximo mes.

Pero ahora la decisión judicial frustrará esa opción, dijo Cooper, que advirtió que la decisión final de la jueza no se conocerá hasta dentro de unos días.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, reaccionó de inmediato ante la noticia y dijo en un comunicado que le «complace que el sistema de justicia haya detenido los planes de la Administración Trump de detener indefinidamente a familias en condiciones de prisión».

Con todo, Cooper advirtió que esperan que los abogados de la Administración Trump apelen el caso ante el Noveno Circuito de Apelaciones.

El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

Esta medida surgió tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en 1985 en de nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001).

Con medidas como la que la jueza Gee se dispone a paralizar, la Casa Blanca intenta reducir al mínimo la llegada a la frontera sur del país de menores no acompañados de un adulto así como de familias.

En lo que va de año fiscal, para el que solo resta contabilizar las cifras de septiembre, las autoridades migratorias se hicieron cargo de 72.873 niños que llegaron sin la compañía de un adulto y de 457.871 que lo hicieron en unidades familiares, que definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal.