El Parlamento de Ecuador aprobó este martes avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos. La solicitud es la de “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado”, señaló el texto, votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional (AN) presentes en la sesión.

La votación se inició pasadas las 14.44 (16.44 de Argentina) y luego de que 20 asambleístas de diferentes bancadas intervinieran y presentaran sus respectivos análisis a favor y en contra de proseguir con la moción, presentada por la mañana por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), una de los interpelantes para la causa, informó el diario El Comercio.

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.

Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo. La defensa del presidente alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.

El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se obtuvo en el día de hoy, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

El jefe de Estado podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.

El bloque oficialista acusó durante la sesión a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un «golpe de Estado parlamentario» contra el Gobierno de Lasso. A las afueras del Palacio Legislativo, la Policía reforzó el dispositivo de seguridad, debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones, pero no se produjeron desmanes.