El presidente de Colombia, Iván Duque, admitió que para su administración resulta “difícil” proteger a los líderes sociales, varios de los cuales fueron asesinados, por lo que pidió colaboración a alcaldes y gobernadores para que “estos hechos no sigan sucediendo”.
“Es necesario mejorar los programas de atención, prevención y respuesta colectiva porque en Colombia hay más de siete millones de líderes sociales, según las 23 caracterizaciones que utiliza Naciones Unidas», reseñó Duque.
En una entrevista que concedió a la agencia EFE, el mandatario reconoció que «pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada uno, es difícil”, y consideró que por eso corresponde “donde haya amenazas, actuar rápidamente con esos mecanismos de protección individual pero también buscar la protección colectiva, involucrando en ese ejercicio a alcaldes y gobernadores en lo local».
Sobre la cifra de siete millones, explicó que sólo los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) -organizaciones cívicas de vecinos orientadas a resolver problemas comunes- suman cinco millones y están clasificados como líderes sociales.
Datos de la Defensoría del Pueblo indican que 462 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero pasado, mientras que la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica ubican en más de 700 las víctimas mortales.
Además, varias ONGs contabilizan 140 ex integrantes de la guerrilla de las FARC asesinados en los últimos tres años, pese a la firma del acuerdo de paz de esa organización con el gobierno, en noviembre de 2016.
El compromiso, según Duque, es también “ser implacables para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de esos asesinatos», y puso como ejemplo el cartel de «Se busca» de 34 jefes de organizaciones criminales asesinas de líderes sociales presentado hace unos meses, mecanismo por el que se detuvo a 18 de ellos.
Duque puso de relieve que este año se redujo en más del 30 por ciento el asesinato de líderes sociales respecto del año pasado, «según informes del Consejero para los Derechos Humanos, amparado en la información de las Naciones Unidas».
«¿Que si estoy contento con eso? No, porque tenemos que seguir avanzando, pero hay una reducción. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Entender dónde se está presentando cada vez más ese fenómeno, que es en un grupo muy reducido de municipios», dijo.
Según el Ejecutivo, las zonas en las que se perpetran más asesinatos de líderes sociales son aquellas «que han tenido influencia de grupos armados legales, que están en la coca o en la minería ilegal» y se atenta contra ellos «porque los líderes quieren sacar a la comunidad de las economías ilícitas».
