Suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, según un último balance de la CIDH, que también denunció este sábado como «grave» un decreto del gobierno interino que autoriza a los militares a la represión con armas de fuego a la vez que les exime de responsabilidades penales.

Mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó de cinco a nueve el número de fallecidos tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba.

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En el departamento de Cochabamba este viernes se produjeron manifestaciones en contra del régimen golpista. Ante esto, fueron asesinadas por la policía al menos nueve personas.

Al día siguiente se conoció que el jueves Añez autorizó a las fuerzas de seguridad a usar armas de fuego para disuadir protestas eximiendo a los integrantes de la fuerza de responsabilidad penal. Sin embargo, los bolivianos siguen movilizados para exigir el respeto de la democracia y la renuncia de Jenine Áñez.

Las cifras de los últimos asesinatos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos muertos ese día.

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En Twitter, la CIDH calificó además de «grave» el Decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares. El expresidente Morales fue más allá en Twitter: «Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».

Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había lamentado que las más recientes muertes parecieran resultado del «uso innecesario o desproporcionado» de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a «salirse de control».