El gobierno de Cuba acusó hoy a Estados Unidos de violar su soberanía y de romper el acuerdo de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras Washington decidió imponer una nueva sanción a la isla caribeña para evitar que compre petróleo de Venezuela.
En una serie de mensajes en la red social Twitter, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, de ordenar a la embajada norteamericana en La Habana intervenir en los asuntos internos «de un país soberano que no lo permitirá».
«Acciones ilícitas de la Embajada de Estados Unidos en Cuba constituyen una intromisión en los asuntos internos del país y buscan atentar contra nuestro orden constitucional», denunció Rodríguez.
Según el ministro, estas «acciones ilícitas» violaron tanto los códigos internacionales de conducta de los diplomáticos como el acuerdo de normalización de relaciones entre Washington y La Habana, impulsado por los entonces mandatarios Barack Obama y Raúl Castro en diciembre de 2014.
Las denuncias de injerencia fueron frecuentes entre Estados Unidos y Cuba desde la asunción a la presidencia norteamericana de Donald Trump, quien dio por nula la política de deshielo de su antecesor y decidió mantener el embargo contra la isla caribeña.
En este contexto, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció hoy nuevas sanciones contra empresas cubanas por supuestamente violar sanciones norteamericanas contra Venezuela.
«Cuba ha jugado un papel directo a la hora de prevenir el retorno de la democracia en Venezuela; el Tesoro continúa persiguiendo a los evasores de sanciones para impedir (la llegada de) recursos al régimen ilegítimo de Venezuela», afirmó Justin G. Muzinich, secretario adjunto del Tesoro en un comunicado.
Washington impuso nuevas sanciones a la empresa estatal Cubametales y castigó también a la compañía cubana Corporación Panamericana, a la que acusa de ser usada como intermediaria para la compra de petróleo venezolano.
Cubametales, que ya había sido sancionada en julio, es la compañía encargada de garantizar el total de las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba, cuyo principal suministrador es Venezuela.
Según el Departamento del Tesoro, la empresa se ofreció «de manera repetida a través de Corporación Panamericana como intermediaria para continuar sus operaciones y esquivar las sanciones» y trasladó incluso empleados de una entidad a otra.
Estas medidas congelan los activos que estas sociedades tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben las transacciones financieras con entidades estadounidenses.
Al mismo tiempo, dificultan también los negocios incluso fuera de Estados Unidos dado el temor de terceros a repercusiones por tratar con una empresa castigada.
Desde que Trump anuló el acuerdo con Cuba, Estados Unidos prohibió los viajes en crucero a la isla, los vuelos a ciudades que no sean La Habana y cualquier apoyo a los envíos de petróleo venezolano a la isla.
