Cautela, escepticismo y febriles negociaciones con los sectores políticos que se oponen al polémico paquete de reformas judiciales caracterizaban la atmósfera política este martes en Israel, un día después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, prometiera poner en pausa la iniciativa que desencadenó protestas callejeras sin precedentes y una crisis interna.

Netanyahu cedió a la presión ante la paralización que afectó este lunes a hospitales, vuelos y otros servicios, mientras decenas de miles de opositores a la reforma se manifestaron frente al Parlamento de Jerusalén.

«Cuando hay una posibilidad de impedir una guerra civil mediante el diálogo, como primer ministro hago una pausa para el diálogo», declaró Netanyahu en un discurso televisado en el horario estelar.

El anuncio marcó un giro para el premier, que apenas un día antes había anunciado la destitución de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por solicitar esa misma acción.

La medida generó escepticismo en el país, y el principal diario, Yediot Aharonot, editorializó que el jefe de Gobierno «disfrazó con palabras bonitas, una derrota aplastante».

El líder opositor Yair Lapid, por su parte, reaccionó con cautela y dijo que por ahora prefiere asegurarse de que «no hay treta o engaño», informó la agencia de noticias AFP.

Si el intento de reforma «se detiene real y totalmente, estaremos listos para un diálogo verdadero», declaró Lapid en un mensaje emitido por televisión el lunes.

La oposición había dicho previamente que no negociaría las reformas, que le darían a los políticos electos poder sobre la Justicia, hasta que se detuviera el proceso legislativo.

La reforma promovida por el Gobierno de Netanyahu, el más de derecha de la historia de Israel, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

Netanyahu – que enfrenta causas de corrupción – y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden el cambio con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.

Activistas que han protestado por casi tres meses contra el paquete de reformas anunciaron que las manifestaciones continuarán.

«Este es otro intento de Netanyahu de engañar al público israelí para debilitar la protesta y luego imponer una dictadura», dijo el Movimiento Sombrilla de manifestantes.

«No detendremos la protesta hasta que se detenga completamente el golpe judicial», agregó la agrupación en un comunicado.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, en tanto, mantuvo conversaciones con Netanyahu, y los dos principales líderes opositores para iniciar negociaciones «inmediatas» sobre la reforma judicial.

La oficina de Herzog indicó que el presidente solicitó a Netanyahu, a Lapid, y al ex ministro de Defensa Benjamin Gantz, líder del Partido Unidad Nacional, que presenten equipos negociadores de cara al inicio de las conversaciones.

Tras ello, Gantz y Lapid anunciaron la composición de las delegaciones de ambos partidos, si bien por el momento Netanyahu no ha especificado quiénes integrarían el equipo del Gobierno,

A pesar del anuncio de Netanyahu sobre una pausa en los procedimientos en el Parlamento, la coalición gubernamental presentó a votación final su proyecto sobre nombramientos judiciales, uno de los puntos más controvertidos de la reforma.

El proyecto provocó una crisis interna que debilitó al Gobierno. Dos sondeos publicados en las últimas horas por las cadenas de televisión Kan y Channel 12 revelan que la coalición perdería su mayoría en la Knesset en caso de que las elecciones se celebraran en el presente.

El partido derechista Likud, de Netanyahu, cayó siete puntos según el sondeo que agrega que la formación pasaría de 32 a 25 escaños, mientras el Partido de Unidad Nacional de Gantz aumentaría sus apoyos hasta los 21 o 23 escaños, muy por encima de los doce que tiene actualmente.

Por otro lado, este martes se conocía lo que ocurriría con el ministro destituido de Defensa, en medio de especulaciones de que sería restituido en su cargo.

Gallant, quien advirtió de una amenaza a la seguridad nacional por la crisis, saludó este lunes «la decisión de frenar el proceso legislativo para conducir un diálogo», indicó su equipo.