Colombia celebra este domingo unas elecciones presidenciales que podrían impulsar un cambio de signo político histórico en la conducción del país, ya que por primera vez la izquierda tiene posibilidades ciertas de llegar al poder de la mano de Gustavo Petro, favorito en las encuestas.
Entre las 8 y las 16 (10 y 18 de Argentina), cerca de 38 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Iván Duque en 110.758 mesas ubicadas en 12.262 centros de votación, aunque se estima que, como el sufragio no es obligatorio, serán unos 20 millones los que participarán de los comicios.
Si ningún candidato logra hacerse de la mitad más un voto, habrá una segunda vuelta entre el vencedor y el segundo. Este balotaje se realizará el 19 de junio.
Petro, aspirante por una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas llamado Pacto Histórico, marcha a la cabeza con comodidad en todos los sondeos, pero difícilmente pueda evitar el balotaje.
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El economista de 61 años, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, propone un cambio radical a los colombianos “hacia la paz, la vida y la democracia” para dejar atrás “el hambre, la violencia y la muerte”.
Por su parte, el ex alcalde de Medellín de 47 años, Federico Gutiérrez, peleaba en las últimas encuestas por el segundo puesto desde su candidatura por la coalición Equipo por Colombia, manteniendo férreamente su discurso de invitar a sus compatriotas “a un cambio, pero un cambio seguro”, en alusión a la propuesta de Petro, a quien le asigna la intención de llevar al país a una situación como la de Venezuela.
Si bien Gutiérrez no representa al oficialismo, es el candidato con más cercanía al partido gobernante que lidera Iván Duque, actual presidente colombiano.
En la lucha por el segundo puesto, y con un fuerte crecimiento en las últimas encuestas, está Rodolfo Hernández, ingeniero civil de 77 años, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga (una localidad del norte de Colombia) dice representar a la “antipolítica”, es decir, una suerte de outsider que busca el voto de aquellas personas hartas de la clase política tradicional.
En ese contexto, Hernández ha declinado debatir con los demás postulantes en la última semana, como para acentuar su perfil y las diferencias con “los políticos de siempre”.
El cuarto candidato presidencial con cierta presencia en el escenario electoral es Sergio Fajardo, representante de la coalición Centro Esperanza, que quedó en medio de la polarización entre la izquierda y las dos opciones de derecha y vio caer vertiginosamente sus apoyos en los sondeos, hasta quedar incluso por debajo del cinco por ciento.
Las elecciones están precedidas por diversas situaciones de conflicto, en un país que arrastra una lucha interna de 60 años (parcialmente resuelta con el acuerdo de paz con las ahora ex FARC) y que cuenta en la actualidad con formaciones violentas, sea de la guerrilla, los paramilitares o las bandas narcotraficantes.
Además, diversos errores en el escrutinio detectados en marzo, cuando se realizó la elección parlamentaria, pusieron en alerta sobre todo a Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, quienes reclamaron una auditoría externa técnica al software que se utiliza en el conteo, perteneciente a una empresa privada.
Quien resulte el próximo ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, un país en donde el 60% de la población no cuenta con un trabajo registrado.
También quedará como prioritario en la agenda del próximo presidente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de ex guerrilleros (hubo unos 300) y lideres sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.
Pero además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.
