El Partido de los Trabajadores no tira la toalla y confía en que podrá revertir, en el Senado, los votos para absolver en el juicio político a la suspendida presidenta Dilma Rousseff, una situación en la que cree que puede llegar más rápido debido a que el gobierno interino de Michel Temer «se está derritiendo», tanto en lo político como frente a su plan económico.

«Nuestra expectativa es el plan A, el único que tenemos: que el Senado rechace el informe acusatorio sobre actos presupuestarios que no configuran delito. Hay senadores que se pronunciaron a favor de aprobar la apertura del proceso pero no garantizaron que votarán en forma condenatoria», dijo en una entrevista con Télam el jefe del bloque de Diputados del PT, Afonso Florence.

El 12 de marzo pasado, 55 de los 81 senadores votaron a favor de la apertura del juicio político que debe tramitar el Senado a partir del miércoles, con una larga serie de obligaciones que demorarían como el trámite hasta agosto, mes en en el que Brasil estará en el primer plano mundial con el inicio de los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Necesita Rousseff que la oposición no logre 54 votos para condenar y expulsarla de la presidencia en forma definitiva.

Según Florence, existe y existirá, a raíz de un debilitamiento del gobierno interino de Temer, un aumento para la supervivencia de Rousseff, a raiz de los escándalos de las grabaciones.

En una de ellas, el senador Romero Jucá, hombre fuerte de Temer y presidente del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), sugiere el juicio político para poder trabajar contra las investigaciones de corrupción. Conocida las grabación, se alejó del cargo de ministro de Planificación y Presupuesto.

«Tenemos un Plan A. Confiamos en la absolución de Dilma. El gobierno de Temer se está derritiendo y principalmente ellos están intentando impedir la investigación por corrupción en dos semanas de mandato», dijo Florence.

En caso de que Rousseff pueda salvarse en el juicio político, según Florence, ella podría gobernar y buscar una mayoría parlamentaria, o «llamar a elecciones anticipadas, que es algo constitucionalmente previsto».

«Lo que está claro es que hubo una conspiración y no un crimen de responsabilidad; hubo un golpe para intentar parar las investigaciones por corrupción», sostuvo Florence, e idenficó como parte de este ‘complot’ a Temer; al suspendido presidente de Diputados, Eduardo Cunha; y a Aecio Neves, senador y candidato presidencial derrotado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), socio en el gobierno interino.

Según Florence, la línea estratégica del gobierno interino de Temer fue haber nombrado al ministro de Economía, Henrique Meirelles, que trazó un plan de ajuste «muestra la institucionalización del golpe».

«Ellos quieren aplicar una enmienda constitucional para cambiar el sistema de salud brasileño, el más grande del mundo y como son financiados por las empresas de medicina prepaga, están abriendo el camino para aniquilar el sistema pública de salud. Lo mismo el sistema público, está amenazado. Se buscan quitar las conquistas sociales de los últimos años», evaluó.

Florence advirtió que el gobierno interino de Temer buscó cambiar la política económica y la exterior con el objetivo de un «realineamiento y subordinación a los intereses estadounidenses».

«Esta agenda de los años 90 la población la rechazó en cuatro elecciones seguidas (dos de Luiz Inácio Lula da Silva y dos de Rousseff)», comentó y comparó la situación con la caída de los gobiernos de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay en 2012.

«Se aplicó en Brasil una solución similar a la de Honduras en 2007 y Paraguay en 2012: institucionalizaron el golpe con un intento de legitimación que no es votado. Pero Brasil tiene un peso más grande y si esta visión triunfa se haría inviable cualquier gobierno popular», declaró a esta agencia.

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