El gobierno brasileño rechazó el martes un estudio ambiental de la francesa Total para buscar petróleo en la desembocadura del río Amazonas y amenazó con poner fin al proceso de autorización si no obtiene garantías sobre el impacto de la prospección en una barrera de coral.

«El modelo de dispersión de petróleo, por ejemplo, no puede dejar ninguna duda sobre los posibles impactos en el banco de corales y en la biodiversidad marina de forma más amplia», explicó en un comunicado el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

El documento, firmado el lunes por la noche, advierte que «el Ibama ya realizó en este proceso tres reiteraciones de pedidos de complemento del estudio ambiental» y que «en caso de que el inversor no responda nuevamente a los puntos requeridos por el equipo técnico, el proceso de licencia se archivará».

Total indicó en un mail enviado a la AFP que «está evaluando el pedido del Ibama, recibido este martes, sobre informaciones técnicas relacionadas con la exploración de bloques de la Cuenca de Foz del Amazonas», y precisó que «en este momento, el proceso de licencia ambiental sigue en curso».

Los proyectos de Total fueron denunciados por organizaciones ecologistas dentro y fuera de Brasil, entre ellas Greenpeace, que lleva a cabo una campaña internacional.

La ONG asegura que ese proyecto, encabezado por Total en asociación con la británica BP y la brasileña Petrobras, pone en peligro un arrecife de coral descubierto en 2016 frente a las costas del noreste de Brasil, donde el Amazonas desemboca en el océano Atlántico. .

El gigante petrolero francés negó esas acusaciones en una carta enviada a Greenpeace el pasado 8 de febrero, donde aseguró que el pozo más cercano está a 28 km del arrecife y que investigaciones públicas confirmaron la ausencia de impactos en él.

Total y Petrobras anunciaron en octubre de 2016 la formación de una «alianza estratégica», que prevé la cesión a la firma francesa de participaciones en dos campos petrolíferos en aguas profundas (presal) frente al estado de Sao Paulo (sudeste) y en dos centrales térmicas de Bahia (nordeste).

Pero la justicia brasileña suspendió la semana pasada la venta de 50% de una de esas dos centrales, por considerar que infringe «varias normas constitucionales».

La estatal brasileña, sofocada por una enorme deuda por el escándalo de corrupción en torno a sus cofres y por la caída de los precios del crudo, lanzó en septiembre del año pasado un plan de saneamiento que prevé cesiones de activos y un recorte de 25% de sus proyectos de inversiones para el periodo 2017-2021.