La Fiscalía boliviana volverá a tramitar ante la Interpol la emisión de una notificación roja para detener al derrocado ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez acusa de delitos de sedición y terrorismo, después de que la entidad rechazara una primera solicitud.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró anoche a los medios que su despacho cumplió con «todo lo que señala el procedimiento que establece la Interpol» para hacer esta solicitud, pero pese a ello recibieron como respuesta el rechazo a la activación de las notificaciones azul y roja contra Morales.
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La réplica de la Interpol fue «muy escueta» y «no señala cuál el motivo de ese rechazo», por lo que el Ministerio Público solicitó una aclaración al respecto, indicó.
«Viendo esta situación que no es definitiva, de acuerdo al cambio de circunstancias, se puede volver a solicitar la activación de esta notificación roja», añadió Lanchipa.
Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo «para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar», según explica la Interpol en su sitio web.
Morales, que fue obligado a renunciar por las Fuerzas Armadas el 10 de noviembre, lo que muchos calificaron de «golpe de Estado», fue acusado ese mismo mes de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina, donde está ahora en condición de refugiado político.
El pronunciamiento militar contra Morales ocurrió en medio de protestas callejeras para denunciar fraude en las elecciones presidenciales de octubre pasado, en las que el líder izquierdista, que gobernaba a Bolivia desde hacía ya 14 años, fue dado por ganador en primera vuelta.
La denuncia se sustenta en presuntas pruebas como un video en el que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes, en la que incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades para impedir el ingreso de alimentos y combustibles.
La comisión de fiscales encargada del caso emitió el pasado 18 de diciembre una orden de aprehensión, argumentando que Morales no goza de privilegios, porque las acusaciones de graves delitos como sedición y terrorismo presentadas por el gobierno transitorio corresponden a cuando ya no era presidente.
Morales dijo ayer que valora «jurídicamente» retornar a su país, al considerar «nula» la orden de detención en su contra por ser anterior al 21 de enero.
«Hasta el 21 de enero no proceden juicios ordinarios y menos una orden de aprehensión, entonces todos los procesos que empezaron quedan nulos», manifestó a la emisora argentina El Destape.
Morales no descartó la posibilidad de presentarse como diputado o senador en los comicios del próximo 3 de mayo, algo que ha levantado fuerte polémica en Bolivia.
