La jefa del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, denunció que en los últimos meses su oficina documentó nuevas violaciones humanitarias por parte del gobierno de Venezuela, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y llamó a «crear las condiciones necesarias» para que se celebren «elecciones libres» en el país caribeño.
Lo hizo al actualizar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por segunda vez en menos de seis meses, el informe sobre la situación humanitaria que publicó originalmente en julio.
«Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», subrayó la ex presidenta de Chile.
En el primer informe sobre Venezuela, divulgado a comienzos de julio, el Acnudh afirmó que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 6.856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, sobre la base de datos del propio gobierno chavista.
Bachelet advirtió que «2020 será un año electoral» en Venezuela y remarcó que en ese contexto «es crucial garantizar las libertades públicas, que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas».
La funcionaria dijo que en los últimos tres meses su oficina documentó «118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres) que requieren una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena».
«Me preocupa el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional», Juan Guaidó, señaló en el mensaje, reproducido en el sitio web del Acnudh.
Asimismo, reclamó que «se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens», preso desde agosto de 2018 en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de participar en un supuesto ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro.
En relación con el juicio a los imputados por ese presunto intento de magnicidio, iniciado a comienzos de este mes, Bachelet exhortó «al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad» del proceso.
La jefa del Acnudh subrayó su «preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo ‘Pipo’ Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johnny Yáñez Rangel».
Por otra parte, Bachelet advirtió que «la situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales» en Venezuela, cuya economía sufrirá este año «una contracción de 25,5%» y «una pérdida acumulada del PIB de 62,2% desde 2013», según datos de la Cepal que citó.
«A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan solo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía», explicó.
Remarcó que «a pesar de que en octubre el gobierno decretó un incremento de 375% del salario mínimo, este ha pedido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en 72,5% desde principios de 2019» y «el salario mínimo solo cubre actualmente 3,5% de la canasta básica alimentaria».
Citó datos de otras oficinas de la ONU que estimaron que 4,7 millones de personas dejaron de vivir en Venezuela y el éxodo se habrá ampliado a «6,5 millones al final de 2020», y en ese contexto resaltó su preocupación por «el incremento de la migración irregular» y el hecho de que el pasaporte venezolano tenga «un costo equivalente a 54 salarios mínimos».
Paralelamente, Bachelet destacó la firma de una «carta de entendimiento» con el gobierno chavista, que «establece los términos» en que su equipo podrá actuar en Venezuela «por un período renovable de un año».
