Una comisión del Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que propone trasladar a militares y policías procesados o condenados por delitos vinculados a la lucha contra la guerrilla y delitos de lesa humanidad, a prisiones castrenses, iniciativa que debe pasar ahora al pleno del cuerpo.
La comisión de Defensa Nacional aprobó el dictamen con 9 votos a favor y una abstención. La iniciativa, propuesta por el congresista fujimorista Carlos Tubino, fue criticada por grupos y especialistas defensores de los derechos humanos.
«Es un premio para los militares que han cometido graves delitos contra los derechos humanos. Se trata de miembros de las Fuerzas Armadas que debieron respetar la vida y no lo hicieron», advirtió el abogado del Instituto de Defensa Legal (Ideele), Juan José Quispe.
Quispe lamentó que con el dictamen se beneficiarían integrantes del grupo paramilitar Colina, responsable de las masacres por las que está preso el ex presidente Alberto Fujimori, cometidas durante la gestión 1990-2000.
Según la ley actual, los penales castrenses son solo para militares y policías procesados por delitos de función juzgados por el Tribunal Militar Policial y no para delitos comunes.
Pero el autor de la iniciativa, Tubino, de la derechista Fuerza Popular, mayoritaria en el Congreso, advirtió que los militares y policías son víctimas de violencia física y psicológica en las cárceles comunes.
«No se pretende de ninguna manera crear situaciones especiales o cárceles doradas. Lo que se busca es resguardar al personal militar o policial en la lucha contra el terrorismo», sostuvo el legislador.
En su réplica, Quispe aclaró que no existe ninguna denuncia formal o evidencia física de actos violentos contra militares y policías ocurridos en las prisiones por parte de miembros de los grupos contra los que éstos se enfrentaron en el conflicto armado interno, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«Los penales tienen una demarcación de presos por delitos justamente para evitar altercados», explicó Quispe.
Entre 1980 y 2000, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros dejó casi 70.000 muertos, y una Comisión de la verdad concluyó que más de la mitad de esas muertes fueron responsabilidad directa de Sendero, y otro 40 por ciento producto de actos al margen de la ley de parte de los militares.
