La negociación contra reloj entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) por un acuerdo comercial tras el Brexit se concentró en las últimas semanas en las diferencias en materia pesquera, una cuestión de poco peso económico pero importante en lo político y en lo simbólico, ya que los líderes ponen en juego el apoyo de las comunidades costeras y parte de su soberanía.
Londres abandonó el bloque el 31 de enero pasado, pero ambos pactaron un período de transición hasta fin de este año para darse tiempo de alcanzar un acuerdo que regule el comercio entre ambos o, caso contrario, regirse bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Tras más de nueve meses de negociaciones y lograr consensos en temas ríspidos como la relación comercial en el límite entre Irlanda del Norte (Reino Unido) y la República de Irlanda (Unión Europea), la posibilidad de un acuerdo quedó bloqueado principalmente por las cuotas de pesca en las ricas aguas británicas.
España, Bélgica, Países Bajos y Francia presionan para acordar un período de 10 años de transición en los que sus pesqueros podrían seguir trabajando de acuerdo a la Política Pesquera Común, un convenio que establece la tonelada de especies que puede capturar cada país; Londres quiere llevarlo a tres años.
La Unión Europea además ofreció reducir en un 25% el valor de pesca en las aguas británicas y el Reino Unido exigió que sea un 35%, una diferencia de casi 64 millones de euros, pero sin incluir especies que se comercian a precios altos como las anchoas, el atún y la caballa que de por sí suponen ingresos anuales de 230 millones de euros.
Esta última condición traba las negociaciones y amenaza iniciar el 2021 con una salida dura que significaría la imposición de barreras y aranceles, complicaría las conexiones de transporte, generaría largas filas de camiones con mercadería en la frontera y hasta complicaría la provisión de medicamentos.
“La UE busca aferrarse a la ventaja que tuvo durante los últimos 40 años, pero la base jurídica cambió. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Reino Unido ya es un Estado costero independiente”, explicó a Télam Barrie Deas, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Organizaciones Pesqueras, organización que representa al sector en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
“Las cuotas compartidas deben reflejar los recursos ubicados dentro de la zona económica exclusiva de cada Estado”, añadió el dirigente al defender la postura británica.
Actualmente, más del 60% de las toneladas obtenidas en aguas inglesas son capturadas por barcos extranjeros, por lo que los pesqueros europeos denuncian que si pierden ese acceso el golpe para el sector sería muy duro en un año ya de por sí complicado por la pandemia de coronavirus.
“Podría significar la sentencia de muerte para gran parte de esta industria que tanto contribuyó a las comunidades costeras de nueve estados la UE”, afirmó Javier Garat y Basilio Otero, secretario general de la Confederación Española de Pesca.
“Lo único que queríamos evitar era llegar a una situación de salida del Reino Unido sin ningún acuerdo firmado, pero la propuesta que se está realizando ahora es igual de negativa, o peor, para los intereses de todos los pescadores europeos”, añadió.
En términos macroeconómicos, para el Reino Unido la relevancia de la pesca es ínfima, ya que representa el 0,12% de su Producto Bruto Interno, de acuerdo con un informe reciente del Parlamento.
Pero la importancia política es enorme ya que las comunidades que se benefician de esta industria están concentradas geográficamente en las zonas costeras, y pueden modificar el peso electoral en grandes ciudades y áreas.
Además, esta concentración puede ayudar a generar gran ruido a nivel nacional, tal como lo demostraron durante el Gobierno de Margaret Thatcher el cierre de las minas de carbón, que desde el sur de Gales retumbó en todo el país.
Otro factor que entra en juego para los británicos en la defensa de las cuotas de pesca es simbólico, tal como explicó una nota de la cadena BBC: «Los partidarios del Brexit lo ven como un símbolo de soberanía que ahora se recuperará».
«No se trata de economía, se trata de política y el simbolismo», resumió en el mismo sentido Deas, que igual valoró «el papel importante que podría desempeñar el reequilibrio de las cuotas para regenerar las comunidades costeras».
La UE y Londres continúan la negociación y de lograrse un acuerdo, las opciones son que se aplique provisionalmente sin la ratificación de los Parlamentos de cada país o que haya un período sin convenio a la espera que las Cámaras se reúnan y den su visto bueno a un texto de 2.000 páginas repleto de detalles técnicos.
