Miles de agricultores españoles con 700 tractores, vestidos con chalecos amarillos, participaron en acciones de protesta en la región de Extremadura, en el oeste de España, el 18 de febrero, para exigir la intervención del gobierno en contra de las cadenas de supermercados de alimentos que están forzando a los productores a vender sus productos agrícolas por debajo del costo de producción. El ingreso de los agricultores se cayó en un 9% en el 2019.

El periódico El País citó a un activista en las manifestaciones que criticó la “incompetencia y la inmoralidad” del gobierno, de quien los agricultores exigen que de una vez por todas se coloque del lado de ellos y de sus justificados intereses. Los agricultores necesitan “precios para sus productos apropiados para el siglo 21, no podemos hacer frente a gastos del siglo 21 que tenemos que cubrir con un ingreso del siglo 19”.

El diario cita a un productor de tabaco quien dijo que si hace 30 años los agricultores recibían 3.40 euros por kilo de hojas de tabaco, hoy esos agricultores reciben 2.3 euros por kilo.

Cinco semanas después del brote de las protestas, los agricultores siguen en pie de guerra. Se quejan que desde entonces el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado una sola medida efectiva al respecto.

Los sindicatos han pedido a todos los trabajadores agrarios en la región que secunden la huelga y continúen su protesta hasta materializarse sus demandas. Las protestas casi diarias del sector agrícola suponen un duro desafío para el Gobierno español.