Por Delfina Caprile*
Comercio ilegal de diamantes, guerras civiles, derechos humanos, esclavitud, pobreza: palabras íntimamente relacionadas en el continente africano. Los llamados “diamantes de sangre” vuelven a ser protagonistas a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El mandatario republicano declaró que la Ley Dodd-Frank, que prohíbe a las empresas estadounidenses comprar “diamantes en conflicto”, será derogada.
Los llamados «diamantes de conflicto» o «diamantes sangrientos», son piedras en bruto que tienen íntima relación con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana.
Las organizaciones de derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las
minas que controlan, para comparar armas y financiar el conflicto.
En las últimas décadas, se han fomentado legislaciones que controlen y reduzcan el comercio con aquellos grupos guerrilleros. Por un lado, en 2003, entró en vigor el “Proceso Kimberley”, acordado en Interlaken, Suiza, en una conferencia que tuvo la asistencia de cancilleres de más de 30 países. El objetivo es el trabajo conjunto tanto de exportadores como importadores, ambos garantizando que la compra venta de diamantes no sean aquellos que provienen de las zonas en conflicto.
El “Proceso Kimberley”, ha sido criticado por numerosas organizaciones humanitarias que sostienen que la certificación de los diamantes también debe estar controlada por una entidad independiente a las partes involucradas, ya que es de público conocimiento que estas reglas son evadidas por las empresas promoviendo el comercio ilegal de diamantes. Una de las organizaciones que más ha dado pelea es Amnistía Internacional que pregunta asiduamente cómo es posible que sean los vendedores quienes garanticen que sus diamantes no estén “bañados en sangre”.
Así las organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho hincapié en trabajar sobre los consumidores para fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de diamantes.
Para los periodistas Alberto Rojas y Pablo Pardo “(…) el año pasado, 1.200 empresas informaron a la SEC de sus abastecimientos de minerales en África; de ellas, más de 800 declararon que no sabían de dónde procedían éstos. Pero, entre las otras 300, había casos de sorprendente transparencia. Apple, el mayor consumidor del mundo de minerales de guerra ha empezado a romper contratos con proveedores vinculados a milicias y grupos armados. Lo mismo ha hecho la cadena de joyerías Tiffany’s, y el mayor fabricante de chips mundial, Intel”.
Además del “Proceso Kimberley”, los países importadores de diamantes continúan con los esfuerzos para mitigar el comercio de estos diamantes. Estados Unidos y la Unión Europea han avanzado a través de distintas legislaciones para poder controlar la compra de sus empresas. Sin embargo, mientras la Unión Europea pisa fuerte con las nuevas iniciativas del Parlamento Europeo, la llegada de Donald Trump hace frotar las manos de los líderes guerrilleros. El mandatario estadounidense declaró que la ley Dodd-Frank será finalmente derogada. Esto acrecienta la preocupación de la comunidad internacional, debido a que gran parte de la reducción del comercio ilegal de diamantes se lo deben a esta ley.
El 79% de los minerales salen de “minas verdes”, es decir, de aquellas que no están relacionadas con las zonas en conflicto en el continente africano. Según Naciones Unidas, Intel es la empresa que más se comprometió en la compra de diamantes certificados. La siguen HP, Phillips, Motorola y Nokia. No ocurre lo mismo con las japonesas Nikon y Canon que se encuentran en el ojo de la tormenta por no participar en los compromisos internacionales y seguir comprando diamantes bañados de explotación infantil y tráfico de personas.
Voces críticas
Amnistía Internacional3 y Human Rights Watch4 advierten de las consecuencias negativas que provocaría la derogación de la regulación comercial norteamericana (también principal mercado de comercialización de los diamantes). Para estas instituciones, las multinacionales se verán favorecidas porque podrán acceder a insumos mucho más baratos sin tener en cuenta el lugar de procedencia.
Las empresas electrónicas están interesadas en el “Coltan”, mineral que contiene tantalio, el cual se usa en los dispositivos para almacenar energía. La desregulación tendrá impacto
directo en los costos de producción de tablets, computadores y teléfonos celulares.
Como siempre, los intereses de las grandes empresas están ligados a la suerte de distintos conflictos o poblaciones alrededor del globo. Si bien parece que la esclavitud es algo del pasado, los diamantes de sangre demuestran que aún sigue persistiendo.
Resulta claro que se deben aplicar medidas para dar batalla a esta situación. ¿Pero, cuáles? ¿Con qué actores? Sin el compromiso de las empresas y Estados Unidos, evidentemente la problemática carece de soluciones a corto plazo. La respuesta se encuentra en el trabajo conjunto entre los países víctimas del conflicto y las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, y del sistema de integración europeo y africano. Uniendo fuerzas, se deberá fortalecer mecanismos transparentes para el control del tráfico de diamantes y poner un freno allí donde Estados Unidos
dejó libertad de acción.
De la misma manera, la concientización de los consumidores es otro pilar fundamental para detener la industria. La imagen negativa que proyectan empresas contaminantes del ambiente, o que utilizan insumos animales, puede proyectarse a aquellas que compran insumos provenientes de zonas en conflicto. Lo que podría influir significativamente en las ventas internacionales.
*Analista internacional, investigadora de www.CEIEP.org
