Las leyes que restringen las protestas pacíficas y las guerras culturales que debilitan la democracia en el Reino Unido están provocando una profunda preocupación en las distintas organizaciones sociales del territorio británico, según una investigación.
Un informe elaborado por los grupos de reflexión (think tanks) Civil Exchange y la Fundación Sheila McKechnie publicado este miércoles, expone una serie de amenazas que aseguran que han debilitado la capacidad de las organizaciones benéficas y sin fines de lucro para contribuir a la vida democrática del país.
Las preocupaciones reveladas en el informe abarcan desde restricciones en el derecho a protestar pacíficamente, reducciones en los poderes sindicales, intentos de derogar la Ley de Derechos Humanos, hasta ataques directos a ciertas organizaciones benéficas.
Para este informe, los analistas, hablaron en 2022 con organizaciones benéficas, activistas de base y personalidades destacadas de la sociedad civil y escucharon preocupaciones sobre amenazas específicas al espacio democrático.
Sin embargo, el panorama general surgió como la mayor preocupación: escuchamos que el problema general es grave y creciente, pero pasa desapercibido en gran medida.
«Se han restringido los derechos fundamentales a la manifestación pacífica. Los ministros utilizan cada vez más poderes que les permiten hacer leyes con un escrutinio muy limitado», resaltan los analistas.
Expusieron que muchas organizaciones benéficas tienen miedo de hablar debido a las políticas restrictivas y a la retórica hostil.
«Los expertos están siendo excluidos de las plataformas gubernamentales por criticarlos. Y es más difícil tener acceso a los tribunales para pedir cuentas al Gobierno. Y estos son solo algunos ejemplos», explicó.
La investigación destaca además la Ley de Transparencia en el Lobbying, campañas no partidarias y administración de sindicatos de 2014 como un ejemplo de la legislación que limitó el derecho a hacer campaña antes de las elecciones e impuso cláusulas que restringen la influencia en políticas públicas.
El informe también muestra una preocupación creciente por la disminución de los estándares en la vida pública, como la integridad y la honestidad, y el aumento de las llamadas «guerras culturales», que están creando un ambiente intolerante y dificultando el debate democrático.
El estudio también revela la amenaza a los derechos individuales, como restricciones al derecho a protestar pacíficamente, reducción de poderes sindicales, desafíos a los derechos humanos de los solicitantes de asilo y abuso de leyes antiterroristas.
El control y equilibrio de la sociedad civil, como jueces y activistas, están bajo el «ataque político» de los ministros, según las organizaciones autoras del informe.
El Civicus Monitor, que rastrea la salud democrática y cívica de 197 países, degradó al Reino Unido en un índice global anual de libertades cívicas, situándolo junto a países como Polonia, Sudáfrica y Hungría, como resultado del impulso «cada vez más autoritario» del Gobierno para imponer leyes restrictivas y punitivas en las protestas públicas.
El informe concluye con un llamado urgente a abordar estas cuestiones, enfatizando que no solo las amenazas individuales son preocupantes, sino también la suma de ellas, constituyendo una grave amenaza para la democracia en sí misma.
La voluntad del Reino Unido de reprimir las libertades cívicas subraya la necesidad de preservar y fortalecer la democracia en el país, y fomentar un espacio donde las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan influir en políticas, leyes y cultura que afectan la vida de todos.
«Estamos en un punto de inflexión. Si los políticos no invierten esa tendencia, hundirán su legitimidad, su capacidad para cumplir con el pueblo británico y, en última instancia, dañarán la democracia misma. Les estamos pidiendo que se comprometan con un cambio positivo en el período previo a las próximas elecciones», indicaron desde los think tanks.
