Una familia santiagueña denuncia que el presidente de la Corte usurpó su terreno

Por Alejandro Maidana

Una y otra vez, de manera cíclica y sostenida, se repite la historia de este país en torno a los conflictos de tierras. Un suceso que muestra de manera explícita como los poderosos imponen sus condiciones sobre aquellos que buscan resistir desde la dignidad y resiliencia.

Los ricos no piden permiso, tampoco solicitan el mismo aquellos que ostentan distintos privilegios que los colocan en una situación sumamente ventajosa para con el resto de los mortales. Tiempo atrás eran los fusiles los que se abrían paso a fuerza de plomo; hoy son las trampas legales y un modelo productivo concentrador y extractivista los que arrebatan la tierra de manos de sus propietarios, para empujarlos a migrar sufriendo el desarraigo.

Bajo ese contexto, la toma de tierras vuelve a estar en boca de una opinión pública que solo se alarma y toma partido cuando es el pobrerío quien la lleva adelante. Es aquí donde el rol de los medios de comunicación juega un papel preponderante: cuando es la justicia la que usurpa, el silencio es tan atronador como la hipocresía de aquellos que se encuentran enemistados con la empatía.

En Santiago del Estero, quién usurpa es el Presidente del Superior Tribunal de Justicia

En plena vigencia del artículo 205 del decreto 297/2020, con más de 25.000 personas detenidas al momento (incluso por regar su vereda), con fiscalías atestadas de expedientes, escaso personal, mucha mora y acceso restringido, el sistema judicial deja expuesta sus prioridades.

Mientras los profesionales del derecho se movilizan frente Tribunales reclamando por jueces independientes del poder político y económico, que sean elegidos mediante exámenes exhaustivos y transparentes, los familiares de víctimas de violencia institucional marchan denunciando múltiples encubrimientos. Sin embargo, tal como sucede con las actividades extractivas, las sentencias de desalojo para familias campesinas se han multiplicado en tiempos de pandemia.

Don Manuel Asencio Ardiles vive en una finca de 30 hectáreas desde el vientre de su madre, y aunque posee título de propiedad del año 1975, pareciera no tener valor alguno ante la avaricia de funcionarios locales devenidos en empresarios inescrupulosos. El viernes 2 de octubre, por orden del juez Pedro Juri, 30 miembros del cuerpo de Infantería de la provincia, sumado al personal de la seccional local (Chaguar Punco, Forres) se presentaron en la vivienda de Don Ardiles para concretar el desalojo. Ante la desesperación de su mujer, hijos y nietos, quienes verían la destrucción la vivienda por completo.

Hasta aquí nada nuevo. Estrategias y metodologías de apropiación de tierras que, en los últimos años, han incrementado notablemente su valor. Lo novedoso de este caso es que el demandante es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Dr. Eduardo Federico López Alsogaray.

En los videos, la familia de Ardiles identifica a los peones de Alzogaray desmantelando la vivienda. Y los conocen bien, porque vienen soportando provocaciones y hostigamientos constantes. Es notable la ausencia y el silencio de la Secretaría de Derechos Humanos, no solo en este caso, ya que sostienen que la misma no atiende teléfonos, no tiene actividad en redes sociales, ni contestan los mensajes. Todo muy sugestivo.

Tampoco se hizo presente algún funcionario de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, teniendo en cuenta la escena traumática que transitaron los  pequeños de la familia. No obstante el desamparo estatal en todas sus formas y la censura de los medios de comunicación, se han activado un sinfín de solidaridades en torno a la familia Ardiles y su caso. Tal vez por el hartazgo de ver la desesperación de cientos de familias que debieron abandonar injustamente su lugar y su forma de vida.

Será que llegó el tiempo de perder el miedo y develar estos mecanismos de apropiación ilegal. Quizás éste sea sólo el comienzo para correr el escandaloso velo de las connivencias que durante décadas vienen profundizando las desigualdades. Desigualdad que, lejos de tener “el acceso a derechos de tercera generación” como indicador, en Santiago de Estero las variables son «el acceso al agua potable y tierra para vivir».

Don Manuel Asencio Ardiles nació y se crio en la finca de su padre. Acredita desde 1977 la titularidad de su tierra y, con mucho sacrificio, ha mantenido todos sus  impuestos al día. En 2018 la familia es denunciada por usurpación. López Alsogaray demanda ser “heredero” de las tierras. Los Ardiles responden la demanda y en 2019 se inicia el juicio.

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El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alsogaray desalojó a una familia campesina que cuenta con su título de propiedad, para apropiarse de las mismas. Por @AleMaidana76 https://t.co/13RGhjnuao pic.twitter.com/my2dmRO179

— Conclusión (@ConclusionRos) October 22, 2020

En ese mismo año, López Alsogaray alambra y cierra 23 de las 30 hectáreas de don Manuel. “No es la primera vez que sucede. La trayectoria del Dr. Alzogaray en muy conocida en la zona, unos veinte años atrás, alrededor de nuestras 30 hectáreas ya hubo una disputa y se desalojó a muchísima gente. Se los ha retirado no solo sacándole sus cosas, sino que los ha desalojado haciéndoles quemar las mismas, les han quemado incluso los pocos animales que podían tener en ese momento. Los han sacado brutalmente, corriendo a menores y ancianos atropellando a los mismo con sus caballos, así accionaban sus peones”, relata Juliana Farías, nuera de don Manuel Asencio Ardiles en diálogo con Conclusión.

No esperábamos estar transitando este dolor, sentimos mucha angustia en nuestros corazones, solicitamos ayuda por el daño originado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, una persona que ostenta mucho poder.

Juliana es esposa de Adrián Ardiles, vive en las 30 hectáreas de don Manuel Asencio Ardiles, las cuales han entrado en conflicto hace dos años, más precisamente el 23 de noviembre de 2018. “La aparición de un supuesto heredero, ha generado una disputa muy fuerte por las tierras pertenecientes a mi suegro. Esto sucede después de haber contado durante 43 años con el título de propiedad por año veinteñal que lo hace propietario. Allí es donde aparece Federico López Alzogaray como supuesto dueño gracias a la herencia de una de sus tías, desde ese momento comenzaron los conflictos por la tierra”, indicó.

Un modus operandi que se viene instalando en esa zona, la impunidad del poderoso que no ve en el otro más que algo que apartar del camino de su avaricia deshumanizante. “Nos ha llegado a cerrar 23 de las 30 hectáreas que tomó junto a su grupo de peones, dejándonos solo con 7, estos han llevado adelante el laboreo, desmonte y la quema. Esto nos ha afectado de manera sostenida, ya que nosotros contamos con animales y nuestras viviendas con sus respectivas familias, si bien lamentablemente el último 2 de octubre ha sido desalojada mi cuñada Nancy Ardiles con su hijo menor de edad sin haberla notificado en el debido momento en el transcurso del juicio. No esperábamos estar transitando este dolor, sentimos mucha angustia en nuestros corazones, solicitamos ayuda por el daño originado por Alzogaray, quién no es más que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, una persona que ostenta mucho poder”.

Desde que iniciaron el desmonte el 14 de julio de este año, hemos tenido una serie de inconvenientes con sus peones, debido a que ellos no podían innovar ni modificar el campo del que tomaron posesión, sin embargo lo han hecho.

Las tomas de tierras suelen ser criminalizadas cuando las mismas son impulsadas por los de abajo, pero cuando al frente de las mismas se encuentra el poderoso, la telaraña del propio status quo se encarga de legitimar la acción. “Desde que iniciaron el desmonte el 14 de julio de este año, hemos tenido una serie de inconvenientes con sus peones, debido a que ellos no podían innovar ni modificar el campo del que tomaron posesión, sin embargo lo han hecho. Han violado la ley, hemos hecho muchas denuncias, siendo algunas de éstas tomadas como tal, y otras como exposición. El 2 de septiembre se me ha acusado de portar un arma de fuego y amenazar a uno de los peones de Federico López Alsogaray, destacando que el denunciante es suegro de Alzogaray. Esto me valió quince días de prisión domiciliaria, alejada de mi familia e incomunicada, todo esto cursando un embarazo de riesgo. En torno a esto, quiero destacar que en lo particular llevo realizada seis denuncias por maltratos y amenazas por parte de la misma persona que me culpó por lo antes mencionado, pero claro, todas fueron desestimadas excepto las que impulsó esta persona. Alsogaray tiene mucho peso en el gobierno santiagueño”.

Existe un título de propiedad que la Justicia ha obviado, generando una enorme preocupación, la arbitrariedad y la denegación de justicia es tan explícita que estremece. “Nos han quitado el derecho a riego, siendo que estamos atravesando una sequia muy importante y tanto nosotros, como nuestras siembras y animales, necesitamos imperiosamente del agua. Esta persona nos ha hecho cambiar las boletas, siendo que las mismas estaban pagas impidiendo el acceso al agua, estamos atravesando momentos muy difíciles junto a la familia. En lo que a mí respecta, hace 10 años que vivo aquí, mientras que mi suegro lleva 73 años morando en este lugar, por eso estamos peleando por estas tierras que nos pertenecen, contamos con el título veinteñal que nos da el derecho a posesión”.

Nos han quitado el derecho a riego, siendo que estamos atravesando una sequía muy importante. Necesitamos seguir viviendo de lo nuestro como lo hemos hecho siempre, sembrando, cosechando y criando nuestros animales sin molestar a nadie.

Ninguna tropelía tendría el camino allanado, de no contar previamente con una aceitada maquinaria de encubrimientos. “Los medios de comunicación de la provincia no nos dan lugar, estamos desamparados en materia de difusión y visibilización de este atropello al que estamos siendo víctimas. Solo contamos con aquellos videos y fotos que pudimos difundir a través de redes sociales, necesitamos del apoyo de la gente, el poder aquí es tan grande como los silencios cómplices. Necesitamos seguir viviendo de lo nuestro como lo hemos hecho siempre, sembrando, cosechando y criando nuestros animales sin molestar a nadie”, concluyó Juliana Farías.

La jueza Dra. Roxana Vera, sin consultar ni haber corrido traslado de la demanda, inaudita parte, le aplica una medida cautelar y le entrega en posesión al señor López Alzogaray 23 de las 30 hectáreas y sólo lo deja resumido en 7 hectáreas al señor Ardiles. Cuando él es propietario de 30 por título y por informe rubricado por el registro de la propiedad e inmueble. En el 2019 el Registro de la Propiedad ha dado un informe donde dice claramente que el señor Manuel Asencio Ardiles es el titular registral de esa matrícula y que hasta el día de la fecha no tiene ninguna modificación dicho título ¿Puede quedar impune tamaña demostración de arbitrariedad?